Alberto PRADILLA

La guía común entre fiscal y peritos policiales para perseguir a las «herrikos»

La parte del macrojuicio contra Batasuna centrada en las «herriko tabernak» se desarrolla desde hace dos semanas caracterizada por la connivencia entre peritos policiales y Fiscalía. Pretenden demostrar una financiación de ETA que hasta ahora no han acreditado.

Hace dos semanas, cuando el mal llamado «juicio de las herriko tabernak» se centraba en la parte relacionada con las sociedades culturales, los once policías españoles que ejercen como peritos y el fiscal de la Audiencia Nacional española, Marcelo Azcárraga, compartían mesa y mantel en el restaurante La Casona, en Madrid. No se trata de un hecho ilícito y tampoco se debe pasar por alto que esos agentes han declarado a petición del Ministerio Público. Sin embargo, no es habitual que una de las partes se encuentre con unos denominados peritos que, en teoría, aportan sus conocimientos profesionales para explicar mejor la causa a los magistrados. Algo que no se corresponde con la realidad en este y otros procesos políticos, donde los uniformados, supuestamente expertos imparciales, se han revelado como principal apoyo para sustentar sus propias tesis, las policiales, que son las que avalan la acusación. Este hecho que queda de manifiesto tanto en el fondo (los informes policiales constituyen la base de la instrucción realizada por el exjuez Baltasar Garzón en 2002) como en la forma. Durante las últimas sesiones, quedó en evidencia que policías y fiscales compartían una base de datos donde incluían los locales sobre los que se pide el decomiso y los diferentes indicios que manejan los agentes. Una documentación de parte que, paradójicamente, manejaban tanto acusación como supuestos expertos independientes a la hora de desarrollar su interrogatorio. Sus testimonios se centran en sustentar la teoría de que ETA habría utilizado empresas como Banaka SA, Eneko o las herriko tabernak para financiarse y están marcados por una mayor agresividad hacia letrados y acusados.

«¿Se han documentado pagos de Banaka o de las empresas que gestiona a ETA o KAS?», fue una de las primeras preguntas de Kepa Landa en su interrogatorio del 12 de febrero. «Lo fundamental no es un pago. No se articula un proyecto para que eso no sea así por el riesgo que conlleva. ETA articula un proyecto de tal manera que se genere una autofinanciación del sistema», comenzó a explicar el policía. «Lo importante es el control político e instrumentalización de ETA de esas estructuras. No parece lógico que le financien directamente: lo que hace es una descentralización de esa financiación».Desde el momento en el que los agentes vieron obligados a responder a los letrados de la defensa, sus argumentaciones se volvieron más densas. Esto motivó el enfado del presidente de la sala, Ángel Hurtado, quien obligó en reiteradas ocasiones a cortar las intervenciones, consciente de que no se contestaba a las interrogantes formuladas y de que, con los circunloquios, las sesiones se alargaban más de lo esperado.

Una cuota a Lurraldea

Sin relaciones económicas entre empresas, sociedades y ETA, el grueso de los testimonios policiales se ha basado en relaciones comerciales entre Banaka o Eneko y las herriko tabernak. Por ejemplo, los pagos de muchos de esos locales a Banaka, que se justificarían, básicamente, porque estas recibían asesoramiento de la gestoría. Otro de los «indicios» esgrimidos por los policías es un pago efectuado por Eneko, la empresa de suministros hosteleros que también se fiscaliza, a Haika, organización juvenil posteriormente ilegalizada, y otros dos a Gestoras Pro Amnistía. Los tres corresponderían a un rapel por los productos que habrían vendido en txosnas, una actividad pública y legal. La brocha gorda llega a niveles difícilmente explicables cuando, por ejemplo, se esgrime como indicio el hecho de que una única herriko taberna (del centenar presente en el juicio), abonaba una cuota a la coordinadora Lurraldea, que se opuso a la autovía de Leizaran. Un pago que, siguiendo la línea argumental de los policías, se convierte en prueba de cargo de sumisión respecto a ETA.

Sin un hilo argumental apoyado en pruebas, las acusaciones de Fiscalía sobre contabilidades «B» o fraudes a Hacienda supuestamente realizados por HB (formación entonces legal y sometida al Tribunal de Cuentas) o las sociedades culturales tampoco se acreditan. De hecho, en el momento de sus investigaciones, los policías ni siquiera se dirigieron a las autoridades competentes. Pese a ello, la acusación mantiene el objetivo de decomisar los locales culturales.

Sin acreditar pagos 16 años después de iniciar las investigaciones

La principal razón que esgrime la acusación para instar al comiso de las herriko tabernak es que, según su tesis, los locales pertenecen a HB y no a las asociaciones culturales cuya titularidad consta en los registros. Sin embargo, durante el juicio ha quedado acreditado que ni se estudiaron las cuentas ni los bienes de estas sociedades. Ante las preguntas de la defensa, los once policías se vieron obligados a admitir que no habían determinado quién compró los locales, cuándo, ni cómo las pagaron. Con esta cuestión en blanco, el otro factor, el de la supuesta financiación a ETA, KAS o HB, también se mantiene ausente en los razonamientos de los agentes. Pese a que la investigación comenzó en 1998 (es decir, cuatro años antes de la operación decretada por Baltasar Garzón y 16 años después del inicio del juicio), los agentes no han acreditado ninguna transferencia económica en este sentido. A.P.