Ucrania, al borde de la bancarrota, pide 35.000 millones de dólares
La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, a la cabeza de los posibles donantes, estudian cómo responder a la petición de ayuda financiera de 35.000 millones de dólares realizada ayer por las nuevas autoridades de Ucrania para estabilizar la situación económica del país, que se encuentra al borde de la bancarrota, mientras apelan a Rusia, que cuestiona la legitimidad del Gobierno interino, para que cumpla con el compromiso que firmó en diciembre.
El ministro interino de Finanzas, Yuri Kolobov, cifró ayer en 35.000 millones de dólares (25.500 millones de euros) la cantidad que Ucrania necesita en los dos próximos años para evitar caer en el abismo y propuso la celebración de una gran conferencia de donantes para ayudar «a la modernización y las reformas» de la economía ucraniana.
Aunque el jefe del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, Elmar Brok, indicó el domingo que la UE «podría poner sobre la mesa 20.000 millones de euros», los posibles donantes, con la UE y el FMI a la cabeza, seguían discutiendo las opciones y, sobre todo, apelando a Rusia, que en diciembre firmó con el depuesto Viktor Yanukovich un acuerdo que suponía una inyección económica de 15.000 millones de dólares y una rebaja en un tercio del precio del gas.
El problema es el interlocutor ucraniano en esa negociación a falta de un Gobierno legítimo, ya que, como señaló el portavoz del FMI, Gerry Rice, «nadie va a firmar un cheque en blanco».
El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, destacó que la firma de un acuerdo con el FMI -cuyas duras condiciones había denunciado Kiev- debe ser una condición para la entrega de la ayuda y acusó a Ucrania de haber cerrado acuerdos que «después no se respetan».
La ayuda comprometida por Rusia es grande y rápida, mientras que la que prometía la UE en su Acuerdo de Asociación implicaba cambios estructurales y condiciones políticas para importes muy inferiores, y la del FMI conllevaría reformas muy profundas con un coste social enorme en un país donde la situación sigue siendo muy inflamable.
Por eso, Rusia está en el punto de mira. Tanto el presidente francés, François Hollande, como la canciller alemana, Angela Merkel, hablaron con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para insistirle en la necesidad de que se lleve a cabo una transición pacífica y de que se responda a la petición de ayuda. Y es que aunque Kiev mira a Occidente para la asistencia financiera de emergencia, la UE, EEUU y el FMI apelan a la responsabilidad de Rusia.
Pero su primer ministro ruso, Dmitri Medvedev, cuestionó ayer la legitimidad y «métodos dictatoriales» de las nuevas autoridades ucranianas, al tiempo que criticó a la UE, Polonia, Alemania, Estado francés y EEUU por reconocerlas, calificando de «aberrante considerar legítimo lo que es resultado de una revuelta».
«Si tenemos en cuenta que las personas que caminan en Kiev con máscaras negras y con Kalashnikov son el Gobierno, entonces será difícil trabajar con ese Gobierno», afirmó. En cualquier caso, dijo que los acuerdos «legalmente vinculantes» deben ser cumplidos, aunque se mostró más ambiguo en relación a acuerdo sobre el gas.
El ministro ucraniano de Energía en funciones, Eduard Stavitski, había expresado su confianza en que Rusia no modificará los precios del gas que le compra.
Moscú, tras reconocer que Kiev «tiene derecho a elegir su camino», amenazó con aumentar los aranceles a las importaciones procedentes de Ucrania, al considerar que se convertirá en puerta de entrada a Rusia de los productos europeos que invaden el mercado. «Kiev no puede seguir siendo un socio fuerte de Moscú y firmar un Acuerdo de Asociación con la UE. No son compatibles», afirmó el ministro ruso de Desarrollo Económico, Alexei Uliakev, quien agregó que su Gobierno está «listo» para enviar a Ucrania un segundo paquete de ayuda de 2.000 millones de dólares, pero se encuentra a la espera de saber «quién» lo recibe.
Ayer, el presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, expresó a la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, de visita en Kiev, la aspiración de su país de ingresar en la UE para garantizar -junto a la ayuda financiera- «el desarrollo estable y democrático de Ucrania».
La UE incidió que está preparada para estudiar diferentes opciones de ayuda, siempre que haya un programa de reformas completo, para lo que dijo que no vale el Gobierno de transición sino que es necesario tener «un Gobierno legítimo», y reiteró su oferta para la firma de un acuerdo de comercio e inversión.
Pero la perspectiva de una plena integración no está en la agenda. El ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier ya manifestó que «una Ucrania en bancarrota sería una carga demasiado pesada».
De momento, Bruselas posterga la eventual firma de un Acuerdo de Asociación con Ucrania, descartado hasta la formación de un nuevo Gobierno electo -aclarando que «eso no quiere decir que el actual no es legítimo»- y el fin de periodo de transición. Parece que trata de evitar provocar a Rusia y de prevenir cualquier riesgo de partición de Ucrania.
Kiev ordena la captura del expresidente Yanukovich
El nuevo régimen ucraniano dictó ayer una orden de busca y captura contra el expresidente Viktor Yanukovich, al que acusa, junto a otros altos cargos de su Gobierno, de «asesinato masivo de ciudadanos pacíficos», según confirmó el ministro de Interior en funciones, Arsen Avakov, en su página de Facebook. Desde el sábado, Yanukovich, que denunció un golpe de Estado en su contra, permanece en paradero desconocido, aunque se cree que sigue en el país, posiblemente de su residencia de Balaklava, en la península de Crimea.
La depuración de las autoridades que gobernaron junto a Yanukovich prosiguió ayer con la destitución, por parte de la Rada Suprema (Parlamento) del jefe de las fuerzas de seguridad del Estado, el fiscal general y el presidente del Banco Central. Mientras, el partido de ultraderecha Svoboda presentó un proyecto de ley para vetar el acceso a cualquier cargo público a cualquiera que haya ocupado un cargo público durante la Presidencia de Yanukovich.
La toma del poder por parte de la oposición, violando el acuerdo que el viernes firmó con el presidente bajo la mediación de la UE para poner fin a la escalada de violencia, no ha supuesto el punto final de las protestas antigubernamentales que comenzaron en noviembre. Los manifestantes, que piden caras nuevas en la política, la completa renovación de las estructuras de poder -o, en su defecto, la disolución de la Rada- y un verdadero cambio político y social en el país, mantienen levantadas las barricadas hasta que el nombramiento, previsto para hoy, del nuevo Gobierno de transición lo confirme. Los diputados apuraban ayer el tiempo y negociaban con apremio su composición.
Sobre este Ejecutivo se cierne ya la amenaza de la organización ultraderechista Sector de Derechas, una de las más activas durante los violentos incidentes en Kiev, que ayer se concentró frente al Parlamento para exigir la liberación de todos sus seguidores detenidos durante los tres meses de protestas y evitar así su asalto a la sede parlamentaria.
El Partido de las Regiones de Yanukovich anunció ayer su configuración oficial como oposición al nuevo Ejecutivo tras la destitución de su líder. «Como habéis tomado el poder y contáis con todas las opciones para formar un nuevo Gobierno de coalición hemos decidido pasar a la oposición», señaló su portavoz, Oleksandr Yefremov, según recogió el diario «Kiev Post».
Ayer, la Comisión Europea dejó claro que respeta «la decisión democrática y legítima» del Parlamento ucraniano de destituir a Yanukovich, mientras el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, destacó la voluntad demostrada por los ucranianos por vivir en libertad y acercarse a la UE.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, por su parte, advirtió a las nuevas autoridades contra cualquier «lógica de venganza» contra sus opositores políticos. GARA
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