Los guardias civiles que declararon ayer en el macrojuicio contra Batasuna se limitaron a constatar que la izquierda abertzale siguió desarrollando un trabajo político «público» tras la ilegalización de Batasuna decretada por el Tribunal Supremo español.

La última jornada de periciales se centró en el testimonio de los miembros del Instituto Armado, que abordaron la etapa comprendida entre el proceso contra la Mesa Nacional de HB en 1997 y 2006, cuando se presentó la nueva dirección de la izquierda abertzale.

Los agentes, que únicamente fueron preguntados por el Fiscal y Dignidad y Justicia, no se salieron de sus propias tesis habituales acerca de la «instrumentalización» por parte de ETA e insistieron en ubicar el «proyecto Udaletxe» como un proyecto de financiación pese a reconocer que ni siquiera participaron en la investigación. No aportaron ninguna novedad respecto a lo ya apuntado por los expertos de la Policía española, lo que motivó que el presidente de la sala, Ángel Hurtado, les cortase en reiteradas ocasiones solicitando «síntesis» en sus exposiciones. Tras la declaración de los peritos, se procedió a la lectura de diversas declaraciones judiciales de varios imputados en el momento en el que fueron detenidos. Estas continuarán el próximo 7 de marzo.

«Mantuvo su actividad en la clandestinidad pero públicamente se seguía presentando como tal», dijo uno de los agentes en relación a la Mesa Nacional de la izquierda abertzale que se presentó en 2006. Una afirmación que buscaba ubicar en un contexto de ilegalidad labores que se desarrollaban de forma pública y notoria. Según las tesis policiales, tras el juicio contra HB en 1997 se presentó EH, que buscaría eludir una posible ilegalización que se produjo, finalmente, en 2003, un año después de la suspensión de actividades decretada por el juez Baltasar Garzón.

Acto prohibido en el BEC

A partir de ahí, los guardias civiles hicieron referencia a diversos actos públicos como el del velódromo de Anoeta en 2004 o el congreso de 2006, que estaba previsto celebrarse en el BEC pero que fue prohibido por la AN. Con sus preguntas, el fiscal trataba de introducir la idea de «sucesión de actividades», que fue refrendada por los agentes.

Tras la última declaración testifical, el juicio entra en su fase final. El 7 de marzo, el Ministerio Público elevará a definitivas sus conclusiones y, a partir de ahí, será el turno para los alegatos de acusación y defensa.