La retirada del candidato presidencial oficialista, Johnny Araya, abre un panorama inédito en la historia electoral de Costa Rica con la obligación constitucional de realizar una segunda ronda, y además plantea a Luis Guillermo Solís, ya único aspirante, la necesidad de lograr acuerdos.

Para la segunda ronda del próximo 6 de abril, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene su presupuesto preparado, de 4,1 millones de dólares y el proceso se realizará con normalidad pese al anuncio de Araya, pues la Constitución Política prohíbe renunciar a la candidatura.

El TSE aseguró que la candidatura de Araya, del Partido Liberación Nacional (PLN), «sigue vigente» y que el proceso electoral continúa. La retirada, ante unas encuestas que vaticinaban una contundente derrota, afectará a la ya deteriorada credibilidad en la clase política.