El juez Ismael Moreno decretó ayer prisión incondicional para Iosu Uribetxebarria, preso que fue excarcelado en 2012 a causa de la grave enfermedad que padece y que, por ese mismo motivo, ahora quedará recluido en su domicilio. El instructor de la Audiencia Nacional argumenta «riesgo de fuga» para dictar la orden, lo que no deja de ser una excusa disparatada cuando se refiere a una persona en la situación del arrasatearra. Pero todo lo que rodea a este caso es disparatado y cruel.

Desde el punto de vista jurídico, la decisión de Moreno resulta incongruente, pues adopta una medida más restrictiva que las ya existentes por unos hechos que ni siquiera han sido juzgados, cuando resulta que Uribetxebarria ya ha sido condenado anteriormente y sea cual sea el desenlace de este nuevo proceso su situación jurídica no va a cambiar. Del mismo modo, llama la atención la celeridad con la que se ha producido su citación judicial, así como el traslado de urgencia de otros dos presos, puesto que estando los tres perfectamente localizados podían ser llamados en cualquier momento. Hay que tener en cuenta, además, que se trata de unos hechos fechados hace tres décadas y que las declaraciones presuntamente inculpatorias -obtenidas bajo tortura, según denunciaron los dos prisioneros- se produjeron hace 17 años. Nada se ha hecho hasta ahora al respecto, lo que ya dice bastante de la credibilidad de las acusaciones, y de repente el asunto ha cobrado una premura extrema y sospechosa.

No hace falta atar muchos cabos para concluir que el rescate de un caso de 1986 de los archivos del tribunal especial es solo un pretexto para escribir un nuevo capítulo en la campaña desatada desde determinados sectores contra Uribetxebarria, que está sufriendo un acoso que raya lo obsceno y que desborda con creces las implicaciones políticas que pudo tener su excarcelación. Las cosas que se han dicho y hecho en estos dos últimos años solo se pueden entender como resultado del ánimo insano que anida en demasiada gente. La venganza es el único motivo de esta nueva andanada y, todavía, la única razón de ser de la Justicia española.