Antes de impartir una conferencia en la Facultad de Derecho de la UPV-EHU, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Adela Asúa, hizo el jueves unas declaraciones a los medios en las que opinó que no cabe tomar decisiones de carácter colectivo sobre los presos, «ni para acercarlos ni para alejarlos». Estas palabras son de una oportunidad incontestable, pues llegan cuando precisamente se cumplen 25 años de la puesta en marcha de la política de dispersión contra los prisioneros vascos, una medida de presión colectiva que desde entonces condiciona muy negativamente la vida de las personas encarceladas y la de sus allegados.

La decisión de dispersar -y alejar- a los presos fue una decisión política adoptada por el Ejecutivo español, con la aquiescencia del PNV, que buscaba romper un grupo humano con una fuerte estructura militante y solidariamente organizado. Desde entonces, tanto los gobiernos del PSOE como los del PP han mantenido esa política, que además han ido completando con otras medidas tendentes a endurecer las condiciones de vida en las cárceles, primero con el ánimo original de buscar disensiones entre los represaliados y luego, tras constatar lo baldío de sus esfuerzos, por simple ánimo vengativo. La política penitenciaria, así lo han dicho todos los mandatarios españoles que se han referido a ella, forma parte de la política «antiterrorista», y su único objetivo, hoy por hoy, es el castigo. No solo para quienes están en prisión, sino también para quienes acuden a visitarles; los muertos y heridos habidos en este tiempo dan la medida del sufrimiento causado.

Hace mucho que la sociedad vasca se posicionó en contra de la dispersión, y quienes la avalaron también han reculado. Ahora, cuando los presos han empezado a solicitar su repatriación de forma individual y siguiendo los cauces legales, tampoco está de más recordar que este castigo generalizado tiene enfrente a un pueblo, y que ponerle fin tendrá un beneficio colectivo.