El diputado general de Araba, Javier de Andrés (PP), confirmó ayer que la institución que preside no comparte la intención de las otras dos diputaciones de investigar a estos colectivos profesionales al no haber «sospechas adicionales» sobre ellos y porque tampoco tiene sentido anunciarlo, ya que de esta forma se «malogra» el objetivo.

Este desmarque se produce cuatro días después de que el pasado lunes las tres diputaciones y el Gobierno de Gasteiz suscribieran el «Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude Fiscal», una iniciativa acordada el año pasado entre PNV, PSE y PP, cuya elaboración también fue ordenada por el Parlamento autonómico en el pleno monográfico de fiscalidad de setiembre.

El acuerdo contempla una serie de medidas a desarrollar por las tres haciendas forales, así como con la Hacienda navarra y la Agencia Tributaria española, como intercambiar información entre ellas en tiempo real, y también prevé intensificar la investigación sobre colectivos como abogados, procuradores, médicos y profesionales de las reparaciones del hogar y la rehabilitación de edificios.

La Diputación alavesa no está de acuerdo con este último aspecto, ya que según dijo De Andrés no se debe actuar contra colectivos concretos. «Hay que investigar alteraciones sustanciales en las declaraciones del IVA de los contribuyentes o cambios importantes en su patrimonio, como establece el plan de lucha contra el fraude que ya ha publicado la Diputación alavesa», matizó.

Esta medida, a juicio de Javier de Andrés, no solo «no es eficaz, sino que es contraproducente porque no se puede hacer público a qué colectivos se va a inspeccionar ya que de esta manera se malogra el objetivo».

Preguntado sobre lo que ha cambiado desde el lunes para que cambie de opinión, De Andrés evitó responder y afirmó que la diputación alavesa «ha obtenido resultados excelentes en la lucha contra el fraude, de ahí que no quiera cometer este tipo de imprudencias».

Crítica del PSE

Tras conocerse la decisión, el PSE valoró que De Andrés «ha optado de nuevo por el ostracismo, por romper la colaboración institucional entre las haciendas», algo que «era previsible» en el PP «porque su interés es facilitar a los defraudadores el cumplimiento relajado de las obligaciones tributarias».

Añadió que la credibilidad de la Hacienda alavesa «quedará en entredicho por firmar un acuerdo y a los cinco minutos decir que no lo cumplirá».