El Tribunal español de Cuentas Públicas concluye en su informe «Gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social» que los servicios públicos de salud de la CAV y Nafarroa, junto a Andalucía, Canarias, Cantabria, Catalunya, Galicia y la Comunidad valenciana «incumplieron la obligación de remitir los partes médicos de los procesos de incapa- cidad temporal». De ello, se aprovecharon empresas y mutuas, según constata.

A juicio de este tribunal, «no pudieron realizarse los controles adecuados». El informe señala que desde octubre de 2010 a abril de 2013 existieron un total de 2,9 millones de procesos de incapacidad temporal laboral «sin el correspondiente parte de la empresa, lo que resta eficacia al control» y «podrían haberse producido pagos indebidos con cargo al sistema público».

Existen otras 341.376 bajas laborales, por contingencias comunes, a cargo de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas en las que «no constaba información relativa a los partes médicos expedidos por los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas, lo que podría suponer la inexistencia de procesos reales de incapacidad temporal que pudieran estar siendo financiados indebidamente por la Seguridad Social».

Más de 17,35 millones

Por otro lado, el Tribunal español de Cuentas Públicas afirma que la Seguridad Social no estableció «ningún control» sobre los procesos de bajas que no constaban «por los que las empresas estuvieron practicando deducciones por este concepto», que les permitió cobrar de las arcas públicas sin merecerlo.

El informe constata que fueron un total de 17,35 millones. «Se detectaron, al menos, 14.340 deducciones practicadas por las empresas derivadas de procesos de incapacidad temporal con origen en contingencias comunes en las que no existía ni parte médico de baja transmitido por los Servicios Públicos de Salud, ni parte de baja transmitido por las empresas con los datos económicos». En total, esas irregularidades suman un desembolso irregular de 15,6 millones.

En 822 casos más, al menos, se detectaron deducciones por incapacidad profesional en las que no hubo baja. El pago indebido ascendió a 742.283,51 euros.

Y, por último, «en bajas finalizadas» las empresas «siguieron practicando indebidamente deducciones por tiempo ilimitado, sin que fueran detectadas por la Seguridad Social». Fueron 1.648 casos, con un coste de un poco más de 1 millón de euros.