Hace casi un año que el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) identificó cinco vías para ejercer el derecho a decidir. Con la negativa del Congreso de los Diputados el pasado martes, Reniu da por cerra- das tres de ellas -las que necesitan de la colaboración del Estado español- y nos habla de las alternativas: ley de consultas catalana y, en último término, elecciones plebiscitarias.

¿Qué le pareció el debate del martes?

Me pareció esperable, aunque no quiero dejar de quejarme del pobre nivel político y democrático que mostraron las principales formaciones españolas. De todos modos, creo que fue tremendamente útil, ya que es un paso más en la demostración de que para tirar adelante el proceso haremos todo lo que esté en nuestras manos e intentaremos buscar todos los puentes de diálogo posibles. Además, escogiendo tres delegados de tres sensibilidades políticas muy diferentes, enviamos un gran mensaje de solidez, porque uno de los principales activos del proceso es el pluralismo político; por eso, entiendo que el president hizo muy bien en no querer asumir un protagonismo que en este caso correspondía al conjunto del Parlament. En resumen, lo del Congreso fue una etapa más, yo creo que indispensable para acabar depositando el voto en las urnas el 9 de noviembre.

La pregunta evidente es ¿y ahora qué?

Las vías que implican la legalidad española están cerradas, no por motivos jurídicos, esto lo quiero dejar muy claro, sino por motivos políticos. Padres de la Constitución y grandes catedráticos de Derecho Constitucional que no tienen nada de independentistas han dejado claro que se podía haber utilizado el artículo 150.2 de la Constitución. Pero una vez aparcado esto, tenemos las vías catalanas que esencialmente son dos. La primera, la ley 4/2010 de referéndums, tiene dos problemas y son que está impugnada en el Constitucional desde que se aprobó y que en su desarrollo implica la autorización del Estado. Por lo tanto, la dinámica política actual hace que esta vía también la tengamos que dejar a un lado.

La segunda opción es la ley de consultas no refrendarias que actualmente está elaborando el Parlament. Hasta donde yo conozco, se está haciendo con la máxima escrupulosidad jurídica y será plenamente legal, por lo que aquellas formaciones que reivindican una consulta legal y acordada tienen aquí la vía. Entiendo que es el marco legal perfecto para hacer efectiva la votación del 9 de noviembre.

Esta ley parece encarrilada en el Parlament, no así la ley electoral. ¿Por qué es importante y cómo es que Catalunya no tiene una?

El caso de la ley electoral en Catalunya es la gran mancha negra que tenemos como país. Es inconcebible que desde 1980 nuestros representantes políticos no hayan tenido la voluntad política de dotarse de una ley electoral. Su importancia es fundamental, si el voto es el elemento básico sobre el que construimos nuestras instituciones y sistemas democráticos, la ley electoral es el mecanismo que permite hacerlo y que además nos dota de una autoridad electoral propia. Somos el único territorio del Estado español que no la tiene y es muy grave, porque la competencia es nuestra. Es algo que personalmente me preocupa muchísimo, porque una autoridad electoral propia será indispensable, desde mi modesto punto de vista, para poder garantizar una correcta realización de la consulta.

La ley de consultas prevé crear dos comisiones para organizar y controlar la consulta, pero no son comisiones homologables a los estándares interna- cionales. El problema además es que el Estatut fija una mayoría de dos terceras partes para aprobar la ley electoral, un gran error, porque se da capacidad de veto a determinadas formaciones. Si nuestros parlamentarios no consiguen desbloquearla creo que nos arrepentiremos, y no tengo ganas se arrepentirme.

Volviendo a la ley de consultas, sin intención de avanzar acontecimientos, ahora mismo parece evidente que el Estado tratará de recurrirla...

Creo que jurídicamente no será impugnable, pero como dices, el Gobierno buscará cualquier pequeño resquicio. De todos modos, creo que al final el sentido común político, no desde Catalunya, sino desde el Gobierno del Estado, puede acabar dando alguna muestra de existencia. Además, yo espero que la aprobación de la ley venga seguida, inmediatamente, del decreto de convocatoria de la consulta. La pregunta entonces es cómo hará el Gobierno, más allá de triquiñuelas jurídicas, para argüir políticamente que se niega el derecho más fundamental de todos, que es la participación política.

Pongámonos en el caso, ¿cuál sería el siguiente paso?

Hay una alternativa difícilmente atacable ni política ni jurídicamente, que es la convocatoria de elecciones anticipadas, lo que se ha venido a llamar elecciones plebiscitarias, que no es más que una denominación para entendernos. Son elecciones anticipadas que adquirirían este carácter de plebiscitarias porque es de esperar que las formaciones que dan apoyo al derecho a decidir incluyan en sus programas o en una candidatura unitaria algún enunciado, hagámoslo sencillo, tan breve como `Catalunya independiente'. El Parlament resultante dejaría muy claro cuál es el mandato democrático de los electores a los representantes, que tendrían que formar un Gobierno para abrir el camino hacia la declaración unilateral de independencia, la apertura de un proceso de negociación con el Reino de España para la secesión y, finalmente, la proclamación efectiva de la independencia, como es habitual en todos estos procesos.

¿Cree que se mantendrá la unidad de los partidos soberanistas en un escenario como las plebiscitarias?
Es atrevido anticipar los movimientos, sobre todo teniendo en cuenta que en Catalunya tenemos un factor distintivo que condiciona todos los acontecimientos, que es que el 80% de la población quiere votar.
No podemos pasar por alto este dato, porque sino no podremos entender acuerdos como los de CiU y ERC o los de la pregunta y la fecha. No podremos entender nada de la dinámica de estos dos últimos años.
Nunca la sociedad había sido tan líder y creo que eso obligará a todas las formaciones a posicionarse claramente en caso de plebiscitarias, también a Iniciativa y Unió, que están constatando la imposibilidad de avanzar en la llamada tercera vía.

Esta misma semana, Duran i Lleida ya amenazaba con romper en caso de declaración unilateral...
Hay una cuestión curiosa que muchas veces se deja de lado, que es el peso político real de Unió, hay que ser muy cauto. Creo que las declaraciones de Duran i Lleida tienen un punto de estrategia política, de hacerse valer y utilizar la amenaza de ruptura o de inestabilidad. Pero es algo que funciona más bien a nivel de las elites políticas, porque yo tengo la sensación de que en el territorio, la gente de Unió es tan o más independentista que la gente de Convergència.

Para acabar, ¿cree que un hipotético «sorpasso» de ERC a CiU podría hacer recular a algunos sectores?
No creo, sinceramente, que un sorpasso en número de votos en las elecciones europeas, que es lo que parece que podría ocurrir, suponga ningún sobresalto, ya que hablaríamos de 1.000 o 1.500 votos.
Ahora bien, en un proceso de elecciones plebiscitarias, si los partidos concurriesen por separado y Esquerra sacase cuarenta escaños y CiU treinta y ocho, tendríamos que empezar a hacer una lectura política diferente, porque sería uno de los elementos que determinados sectores muy concretos dentro de Convergència y una parte de la élite directiva de Unió podrían reprochar al president. Y aquí sí que podrían aparecer dudas sobre el grado de compromiso de CiU con el proceso.