La ira por la tragedia minera en Turquía se vuelve contra el Gobierno

La tragedia en una mina turca que acabó con la vida de unas 300 personas desató la cólera de familiares y sindicatos opositores, que culparon del accidente a la negligencia del Gobierno. El mes pasado el Parlamento había rechazado un estudio sobre la seguridad en las minas. El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, tuvo que buscar refugio de las pedradas al visitar la ciudad donde sucedió el siniestro y las protestas se extendieron a Ankara y Estambul.

El balance de víctimas mortales por la explosión de una mina en Turquía no cesaba de aumentar durante toda la jornada de ayer, mientras continuaban los intentos por rescatar a 120 mineros que se suponía aún permanecían bajo tierra. Pero las camillas solo transportaban cadáveres. «El número de personas que han perdido la vida es de 274», anunciaba el ministro de Energía Taner Yildiz.

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, que se dirigió a Soma, el lugar del accidente en la provincial occidental de Manisa, señalaba a media tarde la cifra de 120 atrapados para los que las esperanzas de seguir con vida eran ya prácticamente nulas.

Según las primeras hipótesis, la explosión tuvo su origen en una unidad de distribución de suministro eléctrico a unos dos kilómetros de profundidad. Las autoridades atribuyeron los fallecimientos a intoxicaciones por monóxido de carbono.

El ministro de Energía explicó que el fuego y el monóxido de carbono dificultaban las labores de rescate, hasta el punto de que entre los heridos y muertos había miembros de los equipos de rescate.

En el momento de la explosión 787 trabajadores se encontraban en el interior de la mina, el martes por la tarde. Según las autoridades 363 fueron rescatados.

Mustafa Yildiz, un minero que no perdía la esperanza, afirmaba que «vamos a volver al fondo para intentar salvarlos, nuestros amigos están ahí dentro, son nuestros hermanos, nuestros padres, son los nuestros; lo que les ha pasado podía habernos pasado a nosotros». Un poco más lejos, otro minero que acababa de salir de la mina, Murat Kurkoglu, mostraba, en cambio, su pesimismo. «Vamos a intentar sacar a los que siguen bloqueados, uno por uno (...) Pero sabéis bien que no hay esperanza. Se ha acabado para ellos».

El médico responsable de rescates de la asociación (Search and Rescue), Erdem Bakin, advertía, por su parte de los riesgos de la operación. «Nosotros no vamos más allá de 100 metros hacia el fondo de la mina, nadie puede pasar, es imposible porque hay grandes riesgos de asfixia por gas», explicó el especialista pese a querer mantener un poco de esperanza.

La oficina del Fiscal regional inició una investigación judicial sobre el accidente.

Erdogan también anunció una «profunda investigación» sobre las causas de la tragedia, una de las peores catástrofes industriales que ha conocido Turquía, pero rechazó toda responsabilidad de su gobierno en el accidente.

Aun así, no evitó que la ira de las familias de las víctimas, la población y los sindicatos se volviera contra las autoridades turcas, a las que acusan de negligencia.

A pedradas contra Erdogan

En medio de la conmoción por la tragedia, el Ejecutivo turco se ha convertido en el blanco de las críticas y los sindicatos reclamaron la dimisión de los ministros de Trabajo y de Energía.

Erdogan se defendió afirmando que «accidentes de trabajo ocurren en todas partes del mundo».

Según medios locales, tres semanas antes, el Parlamento había rechazado formar una comisión para estudiar el estado de la seguridad de las minas en Turquía. Los tres partidos de la oposición presentaron propuestas en este sentido y todas ellas fuero rechazadas por el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).

Durante su intervención en el Ayuntamiento de Soma ante los medios de comunicación, Erdogan eludió las críticas, acusando a un periodista de «no estar al corriente sobre accidentes mineros» y dio ejemplos de siniestros ocurridos en el siglo XIX y XX en varios países, como Gran Bretaña.

Pero a la salida le esperaban familiares de los mineros y vecinos de Soma, que gritaban «Gobierno dimisión» a pesar de un numeroso grupo de policías que se interpuso.

Los manifestantes lanzaron piedras al vehículo en el que se encontraba el primer ministro, según la agencia de prensa Dogan. Erdogan, que salió del coche bajo los abucheos de los manifestantes se refugió en un comercio y salió a los pocos minutos.

Protestas en Estambul y Ankara

El Ministerio de Trabajo turco publicó un comunicado en el que sostiene que la mina de Soma fue controlada en marzo y que no se reveló ninguna vulneración de las reglamentaciones en vigor.

Pero la cólera contra el Gobierno por la tragedia minera no se limitó a Soma. Varios de los mayores sindicatos del país se citaron en la céntrica calle Istiklal de Estambul para leer un manifiesto contra la privatización de la industria minera y las subcontratas, en su opinión responsables del accidente. Seguidamente, miles de manifestantes comenzaron una marcha hacia la plaza de Taksim, pero fue bloqueada por unidades de la Policía antidisturbios tras recorrer la mitad del camino, y los uniformados cargaron contra la manifestación con cañones de agua a presión, gas lacrimógeno y balas de plástico. La Policía también utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes que protestaban en Ankara

Por otra parte, Estados Unidos, la Unión Europea, el Estado francés, Bélgica, Alemania e Israel ofrecieron su ayuda a Turquía para colaborar en el rescate de los mineros atrapados.

«Las muertes empezaron con la privatización. La causa es la ambición descontrolada»

Los sindicatos DISK y KESK, la Unión Turca de Médicos y la Unión de Colegios de Arquitectos e Ingenieros han convocado una huelga general para hoy en protesta por el accidente en la mina de Soma, que atribuyeron a la falta de medidas de seguridad y a la explotación laboral. Cemalettin Sagtekin, del TMMOB, denunció las condiciones laborales de los mineros, que reciben salarios de apenas 1.200-1.500 liras turcas mensuales (400-500 euros). «La causa de las muertes es la ambición descontrolada de los patronos. Los ingenieros que deben hacer los controles regulares reciben su salario de la misma empresa», acusó Sagtekin. «No había muertos cuando estas minas pertenecían a TKI, la empresa estatal del carbón; las muertes empezaron con la privatización. No son accidentes, son asesinatos», insistió Tayfun Görgün, presidente del sindicato minero Dev-Maden Sen. De hecho, Alp Gürkan, dueño de la empresa Soma Holding, responsable del pozo en el que se produjo el accidente, declaraba hace dos años al diario «Hürriyet» que había logrado bajar los costes de explotación enormemente, una vez que se privatizó la mina en 2005. «Antes, sacar una tonelada de carbón tenía un coste de 130-140 dólares y ahora nos hemos comprometido a hacerlo por 23,80 dólares, incluido el 15% de licencia que se paga al TKI», expuso Gürkan. GARA