El acuerdo del viernes entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos para la erradicación de los cultivos ilícitos y su comercialización recoge compromisos y medidas concretas para hacer realidad, en estrecha colaboración con las comunidades, sobre todo con las más afectadas, «una Colombia libre de la siembra y producción de cocaína». El presidente colombiano aseguró que jamás se ha llegado tan lejos en un proceso negociador, que con este nuevo acuerdo, el tercero desde que comenzaron oficialmente los diálogos en noviembre de 2012 en Cuba, «adquiere unos bríos y una dinámica que debe conducirlo al final que todos queremos: la terminación de la guerra».

En el comunicado conjunto que leyeron en La Habana, sostienen que «la persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional y de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico».

Reconocen que «el cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno», por lo que ambas partes contribuirán al «esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas».

En la construcción de una «solución conjunta e integral» al problema de las drogas, inciden en la necesidad de «diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar de las comunidades; que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y que intensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico».

Enfoque territorial

Ambas delegaciones han acordado también dar «un enfoque territorial» y de derechos humanos a las políticas y medidas que se adopten y dar «un tratamiento especial a los eslabones más débiles que son los cultivadores y los consumidores».

Asimismo, se reconocerán los usos «ancestrales y tradicionales» de la hoja de coca, «como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena, y la posibilidad de la utilización de cultivos de uso ilícito para fines médicos y científicos».

El Gobierno creará y pondrá en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS. «La transformación de los territorios y las alternativas para las comunidades afectadas partirán de la construcción conjunta y participativa entre éstas y las autoridades nacionales, departamentales y municipales. El programa requiere la más amplia participación de las comunidades y se garantizará la participación de la mujer», señalan. «Un fundamento indiscutible -resaltan- es el carácter voluntario y concertado y, por tanto, la manifiesta voluntad de las comunidades de transitar caminos alternativos a los cultivos ilícitos y el compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de vida y trabajo para el bienestar.

Aspersiones

Sin embargo, uno de los puntos que más desacuerdos ha producido ha sido el relativo al modo en que se procederá a la erradicación de los cultivos. Mientras que las FARC se oponen frontalmente y sean cuales sean las circunstancias a las erradicaciones, manuales o aéreas, el Gobierno se reserva ese derecho para casos «excepcionales». Así se recoge en el propio acuerdo.

El jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, desarrolló esta postura en la posterior rueda de prensa que ofrecieron las dos delegaciones.

«La aspiración es que todos los cultivadores y las comunidades celebren acuerdos de sustitución. Tenemos la convicción de que, sin el conflicto atravesado, podremos sustituir la gran mayoría, ojalá todos, los cultivos de manera voluntaria, pero si algunos cultivadores no participan o incumplen recurriremos a la erradicación manual, y en los casos excepcionales donde ni siquiera sea posible la erradicación manual, el Gobierno se reserva la posibilidad de recurrir a la aspersión», enfatizó.

Desminado de los territorios

Para hacer posible la erradicación, tanto el Gobierno como las FARC procederán «por diferentes medios y en lo que corresponda a cada cual» al desminado del territorio.

Tras la firma del Acuerdo Final y en el marco de su implementación, el Gobierno pondrá en marcha «un programa de desminado y limpieza de las áreas que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersona y municiones sin explotar».

«Mapeo»

En la lucha contra el narcotráfico se procederá a «un proceso de mapeo del delito por parte de un grupo de expertos» y el Ejecutivo «revisará y establecerá estrictos controles estatales sobre la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos». Para este fin se crearán «grupos interinstitucionales para atacar las distintas expresiones de la corrupción y sus responsables».

En este punto, llaman a la sociedad en su conjunto, «incluyendo sus diferentes formas de organización política o social, a rechazar toda relación con las drogas y con el dinero proveniente del narcotráfico».

Doble compromiso de las FARC

Las FARC se comprometieron «en un escenario de fin del conflicto a poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno» y a contribuir «de manera efectiva» a su solución mediante «acciones prácticas».

El presidente Santos remarcó precisamente este doble compromiso de la guerrilla, destacando que no solo han firmado tres acuerdos, «sino que también hemos pactado la contribución de las mismas FARC para asegurar su éxito». «¿Se imaginan una Colombia sin coca? Eso es lo que está al alcance de nuestras manos si implementamos estos acuerdos», remarcó.

«Sin duda, el fin de la guerra nos permitirá concentrarnos en la lucha contra el crimen organizado, que será la única amenaza que tendremos si llegamos a un acuerdo final», insistió. Santos aseguró que con este paso, el Estado se ha comprometido a «intensificar y enfrentar la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas y a liderar un proceso nacional eficaz para expulsar este flagelo de los diferentes ámbitos de la vida pública».

La siguiente fase será la instalación de comisiones que «prepararán el terreno» para la continuación de las conversaciones después de las elecciones presidenciales del próximo día 25.

Los temas que faltan son la espinosa cuestión de las víctimas y las condiciones para terminar el conflicto armado. No obstante, Santos incidió en que están «preparados» para abordarlos.