04/06/2014

Julián Zapiain Alonso
Consejero General de Kutxa
KutxaBank: «privatización patrimonial»

El vocablo «expolio» tiene como acepción «botín del vencedor» y es sugerente ciertamente, pero existe otra más acorde con lo que está sucediendo en el entorno del sistema de Cajas de la Comunidad Autónoma (CAE) y en particular con la«recta final» del desmantelamiento de todo tipo de influencia e intervención de la administración pública en sus políticas y actividades. Este segundo significado es: «acción o efecto de despojar con iniquidad (maldad, injusticia grande)».

Al no tener propietarios definidos y ser la mayoría de sus entidades fundadoras administraciones públicas de índole provincial o local (también organizaciones sociales de carácter asistencial e incluso religioso), ello hizo que fuera el Estado el que definiera sus órganos de gobierno, y las comunidades autónomas con competencias adaptaran sus leyes de cajas respectivas, a las emanadas de la administración central.

Así, la Lorca (ley de órganos rectores de cajas de ahorro) de 1985, caracterizó como órganos de gobierno la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control, y además diseño un reparto por distintos estamentos a los consejeros generales que componían la asamblea (impositores-clientes, entidades fundadoras, corporaciones municipales y trabajadores), con distintos porcentajes cada uno de ellos.

Esta caracterización fue modificada el año 2010 y adaptada a nivel autonómico el año 2012. La modificación consistió en retocar los porcentajes de cada colegio (aumentar clientes, disminuir entidades fundadoras), e introducir algún estamento nuevo como los representantes de entidades sociales y de juntas generales, en un declarado intento de «despolitizar» los órganos de gobierno.

La CEPAL, Comisión Económica para América Latina, dependiente de la ONU, publicó un trabajo con el título «Auge, caída y transformación de las cajas de ahorro españolas: lecciones para América Latina», cuya lectura es, cuando menos, aconsejable.

El informe cita como una de las debilidades esenciales del modelo de las Cajas de Ahorros españolas «la excesiva politización de sus órganos de Gobierno, lo que de acuerdo a los analistas indujo un excesivo cortoplacismo en la gestión de las cajas y posiblemente también a la captura de los cuerpos gestores de ciertas entidades por el sector inmobiliario».

¿También en las cajas que conformaban la Federación de Cajas Vasco-Navarras ocurrían estas dependencias?

El año 2010 los profesores Luis Garicano y Vicente Cuñat de la London School of Economics analizaron el grado de «politización» de las Cajas. Basándose en la «coincidencia» de actuaciones y en la supeditación de decisiones «profesionales» a los criterios de los partidos dominantes en cada territorio, además de la pertenencia y alineamiento partidista de los cargos directivos, efectuaron una clasificación de las 45 cajas del Estado. Las Cajas de la CAV ocuparon el primer (BBK), segundo (Kutxa) y cuarto puesto (Vital) de la clasificación. Solo las «ventajas competitivas» de disponer del concierto económico, de competencias fiscales por parte de sus entidades fundadoras y la administración de los fondos de numerosas administraciones locales y forales mantuvo, y mantienen, unas cuentas de resultados con un relativo «brillo».

Esa relativa posibilidad de influencia de sectores no dependientes de la casta extractiva (clientes, entidades sociales) se ha acabado con la última ley de cajas de ahorro y fundaciones bancarias (Lcafb), que deja el patrimonio de las Cajas, no solo su administración, en manos de un Patronato que consigue cuadrar el circulo del «expolio». Propietarios y administradores se rinden cuentas a sí mismos y al BCE.

Con la Lcafb se pone punto final a todo un proceso de sucesivas transformaciones de las cajas vascas sin debate y sin justificación técnica alguna del objetivo perseguido.

Se inició con los procesos de «fusión fría» o SIP, después con la cesión de la totalidad del negocio financiero a un banco y con gestión indirecta a través del mismo, para acabar con la Lcafb que pone punto final a la mitad del sistema financiero de la Comunidad Autónoma.

En nuestra Comunidad el proceso de eliminación-expolio se lleva en dos fases: la primera, mediante la monopolización del Consejo de Administración de Kutxabank (KB) por parte de PNV-PP-PSOE, y el control de los de las tres Cajas tenedoras de su capital así como de su Presidente respectivo. Con ello monopolizan la Junta General de Accionistas de KB y controlan el proceso de constitución de los patronatos, tal como hacen con la actividad y políticas del banco.

La segunda consiste en lograr que el Gobierno autónomo sea quién ejerza el «protectorado» de las fundaciones bancarias futuras. Ello parecía garantizado por parte del gobierno del PP con el fin de lograr el voto favorable del PNV a la Lcafb, sin embargo, el grupo parlamentario popular ha aprobado, el 19 de mayo, una disposición transitoria dentro de la Ley de solvencia de las entidades financieras que se está tramitando, referente a quién ejerce el protectorado.

Dicha disposición pretende lograr el traspaso del protectorado de las fundaciones bancarias al ámbito legal de la Administración General del Estado, alegando que parte de la actividad financiera y de obra social de KB se realiza fuera de la CAE.

El objetivo es controlar la configuración y composición de los patronatos de las tres fundaciones fruto de la transformación de las cajas. En la regulación de su composición ya no figuran ni representantes de trabajadores, ni de clientes, ni de entidad fundadora alguna, y deja en manos de los actuales Consejos de Administración y de quien ejerza el «protectorado» todo tipo de decisiones, entre ellas el nombramiento de la comisión gestora que elabore los Estatutos respectivos.

La dedicación formal fundamental del Patronato es la gestión de la Obra Social de la nueva fundación con los dividendos, si los hubiera y no se destinasen a otros menesteres, de su participación en KB. Pero hay que destacar otra potestad nada despreciable, la de elegir los miembros del Consejo de Administración de KB (4 por parte de Kutxa, 2 por la Vital y 9 por BBK).

Y debiera tener algo que en la actualidad se niega a los Consejos de Administración de las Cajas: tratar los temas del Banco con anterioridad y nombrar su representante en la Junta General de Accionistas (JGA) para defender sus posturas y decisiones. Hasta la fecha la JGA no se ha reunido nunca, soslayando la misma mediante su caracterización como «universal» (al controlar el 100% del capital) y la representación por defecto de los presidentes de las cajas. Todo ello como muestra control total de la entidad que ejerce la gerencia.

Lo más sorprendente de esta ley de «punto final» es que convierte a las Cajas, propietarias de entidades imprescindibles para la articulación de políticas de inversión productiva en colaboración con las administraciones públicas, en unos Patronatos omnipotentes que no deben dar cuentas a nadie de su gestión, exceptuando a los supervisores económicos como cualquier banco comercial, y que dependen de los partidos políticos cuando, aducían, el objetivo era evitar tamaño lastre.

Hacen desaparecer hasta la comisión de control que contemplaba todas las leyes anteriores referentes a órganos de gobierno de las Cajas, sólo rinden cuentas a sí mismos, siendo, por tanto, los auténticos propietarios del patrimonio generado por el ahorro popular de varias generaciones. Propietarios procedentes en la mayoría de los casos bien de la gerencia de las Cajas, bien de los «clientes-allegados» de los partidos que conforman la casta o sistema.

He aquí la historia de cómo unas entidades como las Cajas, de origen popular-mutualista y vinculadas a la sociedad, se convierten en unas fundaciones que se hacen con el control privado de su patrimonio, y todo por la voluntad y connivencia de varias de las principales fuerzas políticas del País, se llamen PNV, PSOE o PP.

Aún me suenan las no muy lejanas campañas de «Porque tú te lo mereces», de «Hipoteca triunfador» de unos gestores incompetentes que han convertido las entidades en una auténtica «almoneda» donde los géneros que se anuncian y venden son patrimonio de todos, de nosotros, de nuestros predecesores, pero no van a llegar a nuestros sucesores. Sitúense en Donostia, calle Getaria, esquina Arrasate, contemplen el edificio centenario antigua sede de la CAM donostiarra. ¿Quién son ellos para venderla a un fondo de capital riesgo?

Respetadnos al menos, no habléis de profesionalización, de independencia, de obligaciones «legales» que vosotros mismos habéis negociado, cuando no redactado. Para acabar con la «politización» de las Cajas os habéis quedado con ellas, ya ni disimuláis.