Las Juntas Generales de Bizkaia acordaron por unanimidad demandar a la Agencia Vasca de Protección de Datos un informe sobre la posibilidad legal de publicar los nombres de los defraudadores. EH Bildu y el PSE propusieron inicialmente actuaciones más directas contra el fraude, pero, al final, acordaron apoyar la iniciativa del PNV para que sea esa agencia la que determine si se pueden publicar esos datos para que aleccionen a otros posibles defraudadores.

No obstante, Joseba Gezuraga, de EH Bildu, dejó claro en el pleno que la Diputación de Bizkaia «va a rebufo de lo que hace la Diputación de Gipuzkoa» en materia de fraude fiscal y acusó a la Hacienda foral de Bizkaia de no hacer el mismo esfuerzo que las otras haciendas para aflorar el fraude en distintos impuestos, como Sociedades de Promoción Empresarial y Patrimonio.

Por su parte, la iniciativa de PSE incluía la petición de constituir «un observatorio sobre la economía sumergida en el territorio antes de que finalice el presente año 2014», aunque el PNV se mostró a favor si ese planteamiento se hace en el Parlamento de Gasteiz.

Vacaciones fiscales

EH Bildu demandó asimismo a la Diputación de Bizkaia que «depure responsabilidades por la multa que Bizkaia deberá abonar como consecuencia de la sentencia del caso de las vacaciones fiscales». La coalición aclaró que la multa impuesta por la Unión Europea se basa en la decisión de retrasar la devolución de las cantidades exigidas. La coalición soberanista entiende que quienes tomaron esa decisión «deben asumir su responsabilidad, porque se puso en riesgo el dinero de todos y todas», precisó Irune Soto.

La portavoz de EH Bildu afirmó que el PNV «menospreció la sentencia» del Tribunal Europeo, se enredó en «juegos de resistencia» y «antepuso los intereses de una minoría a los del interés general». Soto añadió que la UE «interpretó la actitud de la Diputación como una tomadura de pelo». Koldo Mediavilla, portavoz del PNV en este tema, echó balones fuera y dijo que Gipuzkoa «tardó más en recuperar las ayudas».

El diputado general, José Luis Bilbao, tomó la palabra para indicar que «asume» la parte de responsabilidad «en primera persona y como Diputación. Los demás también deberían hacer lo mismo», sentenció.