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Las Juntas de Araba piden a Lakua que asuma el 70% de la multa europea

Las Juntas Generales de Araba pidieron ayer con los votos de PP, EH Bildu y EB que el Gobierno de Gasteiz asuma el 70% de la multa de 30 millones impuesta por el Tribunal de Luxemburgo por las vacaciones fiscales y que se busque una fórmula para abonar el 30% restante que no perjudique a este territorio. EH Bildu emplazó a buscar una solución «en clave de país».

El Parlamento foral aprobó una enmienda de transacción firmada por EH Bildu, EB y PP -partido que en Bizkaia se abstuvo-, que fue rechazada por el PSE, mientras que el PNV se abstuvo -en Bizkaia votó en contra-. El primer punto de la iniciativa planteaba que Lakua asuma el 70% de la multa y que el 30% restante lo abonen las tres entidades forales en función de los coeficientes marcados por la Ley de Aportaciones, que en el caso de Araba es del 16,6%, Gipuzkoa del 33% y Bizkaia del 50%.

En el texto aprobado por las Juntas se secunda esta posición y se insta también a buscar una fórmula «equilibrada» para decidir cómo se debe abonar el 30% restante. Durante el pleno, el portavoz de EH Bildu, Gorka Ortiz de Guinea, emplazó a buscar una solución «en clave de país» y en la que «ninguna administración salga excesivamente perjudicada».

En el segundo punto del texto se insta «a las instituciones con responsabilidades en normativa y coordinación tributaria a reconocer su responsabilidad en el retraso en la recuperación de las ayudas ilegales que han ocasionado la multa impuesta».

La moción original, de EH Bildu, iba más lejos ya que exigía la asunción de responsabilidades políticas «por la actitud obstruccionista de las diputaciones forales para su recuperación».

Fuentes del PSE explicaron a la agencia Efe que su grupo decidió votar en contra de la enmienda de transacción porque considera que las responsabilidades tienen nombre y no deben recaer en las instituciones. Asimismo, estima que el Gobierno español también debe asumir parte de la multa.

Desembolso de 420.000 euros

Gorka Ortiz de Guinea se refirió también a la actuación de la Diputación alavesa en torno a este asunto y dijo que esta institución «ha desembolsado más de 420.000 euros desde 2007 en la defensa de este caso y, mientras tanto, a pesar de las continuas advertencias que se hacían desde Europa, ha protagonizado una continua huida hacia delante. Ha planificado una dilación en el proceso -añadió-, presentando documentación inservible que ha provocado un proceso dantesco».