El 30 de junio de 2014 el PP, el PSOE y el PNV quieren regalar a 15 personas la BBK y a otras 15 la Caja Vital. Son los 30 elegidos para conformar los Patronatos de las fundaciones en las que ese día quieren convertir a las Cajas de Ahorro de Bizkaia y Araba. Estos Patronatos no serán objeto de control democrático alguno, a diferencia de las actuales asambleas de las cajas en las que participan entidades públicas, trabajadoras, clientes y agentes sociales. Ahora, 30 personas elegidas a dedo por los citados partidos serán las que tengan en sus manos el control absoluto de estas dos entidades, que a su vez son propietarias del 68% de Kutxabank. Aunque estas 30 personas no serán técnicamente los dueños ni se embolsarán los beneficios, elegirán el consejo de administración de Kutxabank y por tanto, de forma directa o indirecta, ellos y ellas decidirán a qué empresas se da crédito, en qué proyectos se invierte, cómo se gestiona la obra social, cuál será la apuesta estratégica de Kutxabank en cuanto a modelo económico y también quienes serán los representantes de Kutxabank en varios consejos de administración de las empresas participadas. La importante presencia de EH Bildu en Kutxa ha obligado a retrasar de momento este paso en la caja guipuzcoana, propietaria del 32% restante de Kutxabank, pero la amenaza ahí también es inminente.

Será el primer paso hacia la privatización total. El plan del presidente de Kutxabank, Mario Fernández, respaldado expresamente por Urkullu, contempla vender a inversores privados al menos el 70% del capital del banco. Las Cajas de Ahorro vascas, construidas desde hace décadas con el ahorro de la ciudadanía, que gestionan unos activos de unos 75.000 millones de euros, terminarán liquidadas y convertidas en unas fundaciones sin control público propietarias de una pequeña parte de un banco multinacional, como el BBVA o el Santander. El sueño neoliberal hecho realidad de manos de la troika vasca dirigida por el PNV, que ya trabaja en la creación de los grupos de «inversores» afines que se van a quedar con Kutxabank. El PP se frota manos: destruye el núcleo del sistema financiero vasco, privando al país de un instrumento estratégico de cara a la construcción de un espacio económico soberano y privatiza una entidad pública rentable (es el dogma de la patronal: publificar las pérdidas y privatizar los beneficios). El PSOE se arrastra una vez más a cambio de un puñado de cargos que repartir entre sus dirigentes. Y luego se preguntan por qué se desploma su apoyo social.

Pero cuando el pasado febrero Mario Fernández presentó su plan, pocos imaginaban que se iba a producir la conmoción social que se ha generado. La contundente respuesta de EH Bildu primero y de la mayoría sindical después ha motivado que lo que iba a ser una simple comunicación de Mario Fernández a sus súbditos, un mero diktat, haya generado un debate social de primer orden. Un debate que el PNV ha perdido en el terreno ideológico y que trata de ganar sólo por la fuerza de los hechos consumados. Primero intentaron atribuir el plan privatizador a una orden europea (el famoso MoU). Un culpable perfecto: la lejana, desacreditada e inapelable Europa. Pero los agentes sociales trituraron este argumento, demostrando que el MoU no obligaba a privatizar nada. Luego nos dijeron que vender el 70% del banco no es privatizar. Sin comentarios. Después se amparan en que nos obliga la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. ¡Pero es que esa ley la han hecho ellos, el PP y el PNV! O sea que se ven obligados por su propia ley. ¿O habría que decir que han hecho esa ley para «obligarse» a hacer lo que en realidad quieren hacer?

Y aún así, esta ley no obliga directamente a privatizar ningún porcentaje de Kutxabank. Y en cuanto a la estructuración de las fundaciones, existe un amplio margen interpretativo sobre la organización de éstas que podría servir para dotarlas de una estructuración democrática. Todo ello podría desarrollarse a través de una ley propia en la CAV que blindara la esencia pública y social de las cajas. Para Urkullu todo debe pasar por el Parlamento de Gasteiz, incluso los temas que afectan al conjunto de Euskal Herria, pero justamente el futuro de las cajas de la Comunidad Autónoma Vasca parece que no debe decidirse ahí. Mejor lo deciden él y sus amigos mediante pactos secretos e inconfesables y obscenos intercambios de puestos y favores, forjados a espaldas de la ciudadanía. Cuando EH Bildu solicitó la comparecencia de Mario Fernández en el parlamento de Gasteiz, éste se negó de mala manera. Él no rinde cuentas a nadie más que a la mafia financiera de la que forma parte.

No quieren un debate público porque no tienen argumentos, confesables, para defender sus posturas. Por eso montan patéticos numeritos como el del parlamentario Javier Carro el jueves pasado usando el argumentario de un tertuliano de Intereconomía o descalifican burdamente a un sindicato que osa cuestionar sus planes. Se niegan a actuar con transparencia, a informar a la ciudadanía de los pormenores del asunto, de las diferentes opciones, se niegan a poner en manos del pueblo la decisión sobre unos instrumentos tan importantes como las cajas. Nos roban el debate, nos roban la decisión, nos roban las cajas.

Pero en la nueva etapa política que se vive en Euskal Herria la omnipotencia/prepotencia del PNV en estas cuestiones es ya pasado. La enorme contestación social les ha descolocado. Hace unas semanas el PNV, consciente de este desgaste y del tremendo malestar entre su propia base social, valoró la posibilidad de ralentizar el proceso. La portada de «El Correo» (11-5-14) no dejaba lugar a dudas: «Mario Fernández y el PNV hallan más resistencia de la prevista para privatizar Kutxabank». El diario resumía la cuestión de la siguiente manera: «La ofensiva abertzale modula el discurso peneuvista, mientras PSE y PP se distancian del banquero» .Y como conclusión afirmaba: «El diseño del proyecto y los pasos a dar se van a retrasar hasta después del verano.» Sin embargo, poco después el proyecto privatizador recibió un súbito acelerón. PNV S.A., la estructura paralela que gobierna realmente el PNV, decidió que había prisa y que las cosas se estaban complicando peligrosamente y Sabin Etxea emprendió una alocada huída hacia adelante. El resultado: acuerdo secreto con PP y PSOE para el reparto de puestos y llamamiento para convertir Vital y BBK en fundaciones para el día 30 de junio.

En el fondo del proceso privatizador, además de la ideología neoliberal de la dirección del PNV, se encuentra el nuevo mapa político vasco y la posibilidad de un cambio de hegemonía. El cambio de mayoría política en Gipuzkoa estuvo a punto de permitir que los sectores populares accedieran a la gestión de Kutxa, y sólo el pucherazo perpetrado por el tripartito PP, PSOE, PNV con la ayuda cómplice de los sindicatos amarillos CCOO y Pixkanaka lo evitó. EH Bildu, junto a otras organizaciones progresistas, habría posibilitado una gestión transparente y honesta al servicio de la mayoría social, habría decretado el final de los deshaucios, la anulación del IRPH, el refuerzo de la obra social y una orientación del negocio financiero volcada en el desarrollo endógeno. Lo opuesto a la línea de chanchullos marbellíes y las ínfulas de banco multinacional de Mario Fernández y Xabier Iturbe. Si algún día la correlación de fuerzas cambiara en Euskal Herria como lo ha hecho en Gipuzkoa (y lo va a hacer), Kutxabank entera podría ponerse al servicio de un modelo económico favorable a la mayoría social. El fin de las cajas-batzoki. Es algo que aterroriza a la troika vasca. ¿Para qué arriesgarse a mantener algo bajo control democrático cuando eso puede permitir que otros lo gestionen y, sobre todo, lo hagan de otra manera? Mejor regalárselo al capital privado, que son ellos mismos y lo serán siempre, sin peligro de control democrático alguno...

Las Cajas vascas han estado mal gestionadas. Pero si el control es público existe la posibilidad de dirigirlas de otra manera. Una vez que han quedado en evidencia las siniestras intenciones de la troika vasca, la respuesta social ya está generando un importante coste político al PNV, cuyos nervios desatados rozan la pura histeria. Saben ya que si terminan por cometer el robo, éste no va a quedar impune en términos políticos. Hay que redoblar la lucha para evitar la conversión en fundaciones. Hay que estigmatizar cualquier defensa de la privatización. Hay que seguir reivindicando un amplio Acuerdo Social, fruto de un debate abierto, participativo y transparente sobre el futuro de las cajas que blinde el carácter público y social de las mismas. Se lo vamos a poner muy difícil.