«La infanta ha sido imputada por ser quien es. Sigue sin existir ningún elemento en contra». El fiscal anticorrupción, Pedro Herrach, reaccionaba ayer de este modo tras notificarse el extenso auto en el que el juez de Palma, José Castro, anunciaba su intención de juzgar a la hermana del rey español, Felipe de Borbón, por delitos fiscales y de blanqueo. Nuevamente, el Ministerio Público, dependiente en última instancia del Gobierno español, se convertía en principal cortafuegos para evitar que la infanta se siente en el banquillo. No es miembro de la Casa Real española desde hace menos de una semana, cuando su padre, Juan Carlos de Borbón, dejó definitivamente el trono.

Al mismo tiempo que la Fiscalía redacta el recurso con el que proteger a la infanta, el Congreso debatirá hoy el aforamiento de su padre, después de que perdiese su «inviolavilidad» al dejar la Jefatura de Estado. Falta ver qué hará el PSOE, que se abstuvo en comisión, aunque la mayoría del PP será suficiente.

El auto del juez arranca fuerte. «Desde altas instancias institucionales, políticas, mediáticas e incluso judiciales se ha calificado la instrucción de esta pieza como excesivamente larga», denuncia, en una referencia a Zarzuela, que a principios de año se quejó por la instrucción e instó a poner fin a un proceso que llegó a calificar de «martirio». A renglón seguido, mantiene las acusaciones contra Cristina de Borbón; su marido, Iñaki Urdangarin; su exsocio Diego Torres y la mujer de este, Ana María Tejeiro; así como Jaume Matas, expresidente balear (PP) y ya condenado por corrupción.

Fondos con «compadreos»

El auto cierra la investigación sobre el «caso Nóos» y mantiene las tesis que Castro había sostenido: que Urdangarin empleó la sociedad para hacerse con fondos públicos procedentes de administraciones gobernadas por el PP como Illes Balears y País Valencià con «favoritismos y compadreos». En esta maniobra, Cristina de Borbón aparece como «colaboradora necesaria» de los delitos de «blanqueo de dinero» y «fraude fiscal». Por una parte, porque era socia al 50% de Aizóon, donde supuestamente se defraudaron a Hacienda hasta 337.138 euros. Además, la propia infanta dispuso de los fondos, presuntamente ilícitos, y los empleó en asuntos personales que van desde el pago de su vivienda hasta clases de salsa o la adquisición de regalos. Además, cree que se utilizó la pertentencia a la familia del jefe de Estado para evitar problemas legales.

«Hay sobrados indicios de que Cristina de Borbón ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido», afirma, quien añade que las irregularidades «difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa, por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado».

Sobre los argumentos de la defensa, que se centraron en la «confianza» de la infanta en su marido y el «amor» por él como razones para no tener constancia de los delitos que estaba supuestamente cometiendo, Castro también da su propia interpretación. «Si la explicación a esta actitud residía en la confianza, veneración o amor que profesaba a su marido, así como la repercusión que a efectos penales pudiera, en su caso, de ella derivarse, es cuestión sobre la que este hasta ahora instructor no debe pronunciarse», considera, reservando esta opinión para el tribunal.

Que Cristina de Borbón sea la primera familiar del monarca español en sentarse en el banquillo ya no está en manos de Castro, sino de la Audiencia de Palma. Lo que está claro es que el Estado tratará de blindarle. Como hasta ahora. El propio auto ya apunta hacia Hacienda, acusándole de aceptar tres facturas falsas de 69.900 euros para librar a la infanta de un delito fiscal pese a que estas se emitieron por «servicios inexistentes». Posteriormente, la infanta también podría guardarse otro as en la manga: que los jueces se decanten por la «doctrina Botín» (que impidió un juicio solo con acusación popular, que en este caso ejerce Manos Limpias), en lugar de la «doctrina Atutxa», que dicta lo opuesto. Un hueco a la arbitrariedad que no parece que vaya a perjudicarle.