Iñaki IRIONDO

El TSJPV reabre el caso contra Arraiz para que lo interroguen más a fondo

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acepta el recurso presentado por Dignidad y Justicia contra el auto que decidió el sobreseimiento de la causa contra el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, y ordena al juez instructor que vuelva a interrogar al acusado sobre su discurso político, por considerar que la declaración anterior fue «incompleta, formularia y/o genérica».

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, vuelve a estar en el punto de mira de los tribunales españoles por sus opiniones políticas. La Sala de lo Civil y Penal del TSJPV aceptó el recurso de Dignidad y Justicia (DyJ) sobre el sobreseimiento de su denuncia y ordena al juez instructor que vuelva a interrogar al parlamentario de EH Bildu sobre declaraciones que en su día no fueron objeto de querella y para conocer su visión de lo que significa la expresión «izquierda abertzale» y contrastarla con el contenido en un informe de la Guardia Civil. La decisión de reabrir el caso se toma en contra de la opinión de la Fiscalía.

En una charla política organizada por Sortu en víspera de los aniversarios de las muertes a manos del terrorismo de Estado de los dirigentes independentistas Santi Brouard y Josu Muguruza, Hasier Arraiz hizo una lectura de la llamada transición y del acierto estratégico de la izquierda abertzale, que fue «traducida» por el diario «El Mundo» con el titular «Arraiz afirma que la decisión de matar en democracia fue `acertada'». En base a esa interpretación, la asociación Dignidad y Justicia interpuso una denuncia por «enaltecimiento o justificación del terrorismo y humillación a las víctimas».

Tras pasar por diversas vicisitudes judiciales, en las que la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV se ha manifestado siempre en contra de Arraiz, tanto el fiscal como el juez instructor decidieron que no había delito en las palabras del presidente de Sortu y el 22 de abril la causa fue sobreseída y el caso archivado.

Interrogatorio insuficiente

La asociación Dignidad y Justicia decidió recurrir el sobreseimiento alegando que el instructor se había basado solo en las declaraciones judiciales de Arraiz, sin atender a otras afirmaciones recogidas en un informe de la Guarida Civil, aunque no eran objeto de la denuncia presentada.

Y una vez más la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV, presidida por Nekane Bolado y completada por Roberto Saiz y Rafael Villafáñez, ha vuelto a dar la razón a DyJ. Sostiene que la declaración realizada por Hasier Arraiz fue «incompleta, formularia y/o genérica o ajena al núcleo de la cuestión principal», por lo que ordena la reapertura del caso para que el juez instructor realice un interrogatorio más a fondo al presidente de Sortu.

La Sala de lo Civil y Penal quiere que se le pregunte sobre el «meollo del conflicto político» del que habló en la charla de recuerdo a las víctimas del terrorismo de Estado Santi Brouard y Josu Muguruza, y que se contraste su visión de la «izquierda abertzale» y su evolución durante los últimos treinta y cinco años, con la ofrecida por la Guardia Civil en un informe incorporado a la causa. También solicita al instructor que practique más diligencias de investigación.

Contra esta resolución del TSJPV no cabe recurso.

Criminalización de ideas

Una vez conocida la decisión de reabrir el caso contra su líder, Sortu hizo pública una nota en la que considera que el TSJPV se «pone al servicio» de una «asociación de ultraderecha» y de los intereses contrarios al «interés público», aunque para ello tenga que ir contra el criterio de la Fiscalía .

Denuncia la «criminalización de las ideas», el ataque a la libertad de expresión y el interés por fijar «vencedores y vencidos». Sortu sostiene que «es hora de terminar con la excepcionalidad en la aplicación del marco legal» y que «la administración de justicia debe dejar de ser refugio de los sectores más reaccionarios».

Multados por una asamblea informativa en Baztan

Seis vecinos de Baztan acaban de recibir multas que van de los 600 a los 1.200 euros por participar en una asamblea informativas el pasado mes de setiembre en Elizondo, en relación al operativo contra Herrira.

La izquierda abertzale de Baztan denunció el salto represivo que supone actuar contra una asamblea informativa. «Hasta ahora, habíamos conocido multas por movilizaciones no comunicadas, pero no contra asambleas que únicamente tienen un objetivo informativo. Sin duda, quieren dar un paso más en la represión. El Estado español niega y persigue el derecho a reunirse, a expresarse y a informar. Es un estado no democrático», denunciaron en una comparecencia que tuvo lugar ayer en Elizondo.

Estas multas están recurridas y la izquierda abertzale de Baztan anunció que durante este verano pondrá en marcha una campaña para denunciar la represión. «En estos tiempos de crisis económica, las multas agravan la situación que padecen la ciudadanía y la clase obrera», denunció.

«El objetivo de estas multas es silenciar la disidencia política, ahogar hasta el extremo a la ciudadanía y desactivar cualquier forma de respuesta popular», subrayó la izquierda abertzale de Baztan. Martxelo DÍAZ