Argentina es uno de los países que, con más o menos celeridad, se ha implicado seriamente en una tarea nada sencilla pero fundamental como es la memoria histórica, abriendo numerosos procesos contra los aparatos de la dictadura. No obstante, y por eso mismo, llama la atención que en un capítulo tan sensible como es la búsqueda de descendientes de represaliados se haya avanzado tan poco. La aparición del nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Guido Montoya de Carlotto, ha conmovido a toda Argentina, y a raíz de su aparición las llamadas de consulta se han multiplicado. Con Montoya son 114 los nietos recuperados, pero se calcula que aun faltan aproximadamente 400 hijos de desaparecidos.

El caso de Montoya muestra una búsqueda de décadas no solo de una abuela, sino también del propio nieto, de una persona que buscaba a su familia y se buscaba a sí mismo. Pero aun faltan muchos, y para encontrarlos es preciso recabar mucha información, se precisan muchas «gargantas profundas» que aporten datos. Y no solo del estamento militar. Otros muchos, como el eclesiástico, jueces que entregaron en adopción a criaturas para evitar que fueran educadas por «subversivos», y parte de la sociedad civil colaboraron activa o pasivamente, en ocasiones por miedo, con el robo de aquellos niños. Precisamente, quien entregó a Guido Montoya fue, al parecer, un civil, y uno de los elementos a investigar ahora es la partida de nacimiento falsa firmada por un médico.

El Estado argentino está en deuda con esos hijos de desaparecidos a los que durante tantos años se les ha negado su verdadera identidad, con sus familias y con el pueblo de Argentina. Es deber suyo -aunque tarde y teniendo en cuenta que el tiempo corre en contra de esas abuelas que han dedicado gran parte de su vida a buscar a sus nietos- facilitar esa búsqueda posibilitando la apertura de cuantos archivos sea necesario.