Tras sopesar los pros y contras de ambas opciones, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha decidido finalmente por no hacer la vista gorda ante la consulta alternativa del 9 de noviembre en Catalunya. Aunque al inicio mantuvo un perfil bajo tras el anuncio de Artur Mas y dio a entender que prefería no agravar la crisis abierta con la mayoría social catalana, finalmente se impone la tesis más autoritaria, quizás al comprobar que la votación estaba teniendo más tirón ciudadano que el que preveía.

El Gobierno anunció a última hora de la tarde que ha pedido un informe al Consejo de Estado, que es el primer paso preceptivo para llevar esta segunda consulta también al Tribunal Constitucional y tratar de lograr ahí su suspensión, como ya ocurrió con la primera. Se da la circunstancia de que el máximo tribunal español ni siquiera ha tomado aún una decisión definitiva sobre si prohíbe o no la convocatoria inicial.

Además, el Ejecutivo se topa con ciertos problemas técnicos para materializar su objetivo, dado que esta vez no hay elemento objetivo administrativo que impugnar (antes sí los tenía con la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria). Tampoco existe censo siquiera, ya que se irá conformando el mismo día de la votación con la inscripción de cada persona que acuda a votar antes de introducir su papeleta en la urna.

«Sin garantías democráticas»

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dio a entender que se pretende impugnar «toda la organización que está llevando a cabo la Generalitat de Cataluña». Presidencia del Gobierno español indicó más tarde que el informe se solicita al Consejo de Estado «de modo urgente» para que el eventual recurso «se pueda autorizar, en su caso, en el próximo Consejo de Ministros». Está previsto para el viernes, aunque la primera convocatoria fue recurrida en pocas horas con un consejo extraordinario. También el Consejo de Estado (antes) y el Constitucional (después) se reunieron para este tema específicamente.

Lo más curioso es el argumento del Ejecutivo español, que indica que esta segunda consulta no solo es contraria a la Constitución, sino que «además perjudica los derechos de los catalanes» porque «no tiene una sola garantía democrática». Estos últimos días, varios portavoces han dicho incluso que consideraban más garantista la primera convocatoria, dado que en ella por ejemplo sí había censo.

Antes de conocerse estos primeros trámites para la impugnación, ERC ya había pedido ayer mismo al president Mas que se mantenga «fiel» al compromiso de celebrar el proceso participativo. Tras los recelos iniciales entre los partidos soberanistas, que se centran más bien en el escenario posterior a este 9N, CiU, ERC y la CUP han acabado sumando fuerzas para que esta convocatoria sea un éxito de participación y constituya un nuevo mensaje de afirmación ante el mundo.