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Menores y adolescentes participarán en la elaboración de la nueva Ley de Infancia de Nafarroa

Menores y adolescentes podrán participar en el proceso de recogida de aportaciones que el Gobierno de Nafarroa ha puesto en marcha de cara a incorporarlas en el texto de la nueva Ley de Infancia, que podría estar lista para finales de este año.

Los adolescentes podrán hacer aportaciones a la nueva Ley de Infancia de Nafarroa. (Robin VAN LONKHUIJSEN/AFP)
Los adolescentes podrán hacer aportaciones a la nueva Ley de Infancia de Nafarroa. (Robin VAN LONKHUIJSEN/AFP)

La participación de menores y adolescentes en la elaboración de la nueva Ley de Atención y Protección a la Infancia y Promoción de la Familia de Nafarroa constituye un hito, ya que será la primera vez que intervienen en la elaboración de una ley desde su diseño y durante todo el proceso. Incluso se les hará partícipes de los resultados de sus aportaciones a través de una rendición de cuentas presentada de forma creativa. Según las previsiones del Ejecutivo, el texto estaría listo en diciembre de 2021 para su remisión al Parlamento para su debate y aprobación.

El Gobierno ha concedido especial importancia a que el proceso de colaboración sea lo más amplio posible, al entender que «se trata de una ley que interpela al conjunto de la sociedad», según ha señalado en una comparecencia ante los medios la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu.

Así, además de la opinión de los menores, se quiere recabar las aportaciones de familias, personas expertas, entidades, sindicatos y distintas instancias de la administración pública, entidades que protegen y atienden menores, administraciones locales, representación de personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, Fundación Gizain (que gestiona los servicios de protección de menores).

Para ello se cuenta con el apoyo del Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía, del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, que gestiona el espacio habilitado en el Portal de Gobierno Abierto, donde se pueden presentar ideas y sugerencias hasta el 1 de marzo.

Espacio de participación

Para facilitar la participación efectiva de los menores se constituyó el Consejo del Menor, el pasado diciembre. Además, hasta este momento se han organizado 22 grupos con menores:  nueve trabajarán en el ámbito educativo en horario escolar en su propio centro, tres con entidades sociales como los consejos locales del menor, y otros diez con menores que forman parte del sistema de protección.

En paralelo, se han configurado 16 grupos con las familias: siete son de apymas del ámbito educativo en los centros, dos con familias que participen en entidades sociales y siete de familiares de los menores que forman parte del sistema de protección.

Asimismo, se va a preparar una encuesta para que sea cumplimentada de forma anónima por personal de las entidades que gestionan los servicios del sistema de protección, así como por el personal técnico que trabaja dentro del Departamento de Derechos Sociales en temas relacionados con menores o sus familias. Las reuniones de estos grupos ya han comenzado esta misma semana.

El proceso de participación se completa con dos grupos de trabajo internos y cuatro externos, donde están representadas instancias públicas y privadas relacionadas con la infancia.

Una ley actualizada

La norma vigente, aprobada hace 15 años, requiere «una actualización acorde con un nuevo diagnóstico sobre el interés y protección de los y las menores y adolescentes», ha señalado la consejera Maeztu.

El nuevo texto incorporará las novedades en la normativa  que la vigente no recoge como convenios internacionales y europeos, las novedades de la modificación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica Menor,  así como las líneas estratégicas contenidas en el vigente II Plan integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia 2017-2023.

Además contendrá novedades como la garantía de permanencia de los menores en su núcleo familiar siempre que no perjudique sus intereses o la potenciación de medidas para incrementar el acogimiento familiar sobre los residenciales y la adopción.

Maeztu ha destacado que la norma hará hincapié en cuatro hitos: la defensa de sus derechos, incluido el de expresión y el derecho a ser escuchado; los principios de la relación entre las personas adultas y las menores de edad; el sistema de protección específico cuando sus derechos no estén garantizados en el seno de sus familias y la ejecución de medidas judiciales en caso de responsabilidad penal de menores; y las reglas específicas para las administraciones públicas en sus relaciones con menores de edad.

En este último punto se tratarán las actuaciones de prevención, la distribución de competencias, el régimen de los centros de menores o el régimen sancionador. Este punto de partida está abierto a las aportaciones recogidas en el proceso de participación.

Por otra parte, adaptará la norma para que incorpore el modelo de atención centrada en las personas, de manera que se mejorará el sistema de protección y reforma y la organización administrativa, con especial énfasis en la prevención y en el trabajo en red.