En un ambiente de indignación y rabia, los manifestantes han vuelto este jueves a las calles de varias ciudades de Myanmar tras la sangría de la víspera, en la que fallecieron al menos 38 personas y más de 100 resultaron heridas por la violencia policial.

La del miércoles fue la jornada más mortífera desde el golpe de Estado del 1 de febrero y el número de víctimas mortales asciende ya a 54, todos ellos por disparos por las fuerzas militares y policiales, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que advirtió de que el número de bajas podría ser aún mayor.

En Rangún, la mayor ciudad del país, los vecinos se asomaban a los balcones para gritar consignas contra la Junta Militar y a favor de que liberen a la líder electa Aung San Suu Kyi.

«A pesar de todos los tiroteos y muertes, seguiremos saliendo sin parar un día», ha proclamado en Facebook uno de los líderes de las protestas, Maung Saungkha.

Funeral de la joven icono de las protestas

Desafiando a la represión, una multitud de personas ha asistido en Mandalay al funeral de una manifestante de 19 años que se ha convertido en un icono contra los uniformados. Kyal Sin falleció el miércoles de un disparo en la cabeza durante una protesta en la que llevaba una camiseta negra con la frase «Everything will be OK» («Todo irá bien») y su imagen se ha convertido en viral en las redes sociales.

Sus amigos y familiares se abrazaban en el funeral y algunos hacían el gesto de los tres dedos de la saga de «Los juegos del hambre», símbolo de resistencia contra el abuso del poder que desde Tailandia se ha extendido a Myanmar y Hong Kong. El número de heridos asciende a varios centenares y se cree que habría muchos más de los 1.700 detenidos que se han reportado.

Entre los arrestados hay miembros del Parlamento, funcionarios, activistas, intelectuales, defensores de los derechos humanos, profesores, sanitarios, periodistas, monjes y celebridades del país.

Bachelet exige a los militares que dejen de matar manifestantes

Las detenciones se han disparado en los últimos días y solo el miércoles habrían sido arrestadas al menos 700 personas. «En muchas instancias, soldados y policías estarían realizando registros puerta por puerta», ha advertido la oficina de Derechos Humanos de la ONU.

«Es absolutamente aborrecible que las fuerzas de seguridad estén disparando munición contra los manifestantes pacíficos. Estoy horrorizada por los ataques contra ambulancias y sanitarios que intentan ayudar a los heridos», ha denunciado la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

«Las fuerzas militares de Birmania deben parar de asesinar y encarcelar manifestantes», ha añadido.

«Muchos de los arrestos y detenciones arbitrarias perpetrados desde el 1 de febrero podrían equivaler a desapariciones forzosas», ha advertido Bachelet, antes de reclamar la liberación inmediata de todos los que puedan estar detenidos sin unas mínimas garantías.

Además, se han dado casos de condenas ya dictadas que van desde los siete días a los dos años de cárcel, mientras que las autoridades consideran prófugas al menos a 61 personas, según el recuento hecho público este jueves por Naciones Unidas.

Investigación del TPI

Bachelet ha pedido a «todos aquellos con información e influencia« en Myanmar que respalden los trabajos internacionales encaminados a que los actuales líderes rindan cuentas por los graves abusos de Derechos Humanos cometidos tanto ahora como en el pasado.

En este sentido, ha aludido al mecanismo de investigación sobre Myanmar y a los procesos abiertos en instancias como el Tribunal Penal Internacional (TPI).«Es momento de mirar hacia la justicia y frenar el dominio absoluto del Ejército sobre la democracia en Birmania», ha remachado.

Las condenas internacionales de organismos de derechos humanos, juristas, y varios estados no han frenado a los militares. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto abordar este viernes la situación en el país.

Consejo de Seguridad de la ONU

El relator especial de Naciones Unidas en Myabmar, Tom Andrews, ha pedido al Consejo que adopte medidas contundentes, un embargo de armas para el país y la remisión del caso al Tribunal Penal Internacional.

Andrews ha pedido que se envíe un caso a este tribunal en que se incluyan también los ataques contra grupos étnicos –como los rohingya– realizados en el pasado por las Fuerzas Armadas.

«Estamos habituados a esas sanciones y hemos sobrevivido a sanciones en el pasado», han replicado los militares.

También sobre los rohingyá

El relator también ha anunciado que el próximo jueves presentará un informe que prueba cómo los militares continuaron «asesinando y torturando y disparando de forma indiscriminada» a los civiles rohingyá el año pasado pese a los mandatos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Entre sus peticiones, Andrews también ha recomendado a las entidades que trabajan con ayuda humanitaria evitar los mecanismos centralizados y trabajar directamente con organizaciones locales para evitar el control de los militares.

Por otro lado Unicef ha denunciado la muerte de cinco niños y las graves heridas que han sufrido cuatro en la protestas. Asimismo, también han sido detenidos otros 500 menores de manera arbitraria