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Absueltos los tres miembros del Sindicato de Inquilinos de Barcelona

Un juzgado de Barcelona ha absuelto a los tres miembros del Sindicato de Inquilinos de Barcelona que se enfrentaban a tres años de prisión cada uno por haber participado en una protesta contra el acoso inmobiliario en 2018.

Miembros del Sindicato de Inquilinos de Barcelona celebrando la decisión judicial. (@SindicatLloguer)
Miembros del Sindicato de Inquilinos de Barcelona celebrando la decisión judicial. (@SindicatLloguer)

El Juzgado Penal 11 de Barcelona ha absuelto este viernes a los tres miembros del Sindicato de Inquilinos de Barcelona (Sindicat de Llogarets) que han sido juzgados por haber participado en una manifestación contra el acoso inmobiliario que recibían Alpha y Fran en octubre de 2018.

La Fiscalía pedía para el portavoz del sindicato, Jaime Palomera, y dos inquilinos, Alpha y Fran, tres años de prisión para cada uno por los delitos de coacciones y de allanamiento de morada. La jueza, sin embargo, no ha considerado probadas las acusaciones y ha absuelto los tres encausados, según ha informado el TSJC.

En el juicio, la Fiscalía ha mantenido la petición de tres años de prisión para cada uno de ellos, unas acusaciones que el sindicato ha calificado de «beligerantes». Asegura que durante los años que la pareja vivió en el inmueble nunca dejaron de pagar el alquiler y denunciaron las condiciones de insalubridad en que se encontraba la vivienda. Cuando la pareja decidió reclamar al propietario del piso que resolviera los problemas de la vivienda, según el sindicato, este decidió no renovarles el contrato de alquiler.

La pareja y el sindicato sostienen que intentaron negociar con los dueños del inmueble y, en vista de la «falta de respuesta», el sindicato decidió convocar una movilización ante el Instituto de Belleza Francis, propiedad de los mismos propietarios.

Los afectados, junto con seis familias del mismo bloque, interpusieron dos denuncias por acoso inmobiliario, y la pareja, a título individual, una demanda por daños y perjuicios.

Los acusados ​​siempre han sostenido que es un proceso que busca «criminalizar el derecho fundamental a la protesta y de detener la lucha por una vivienda digna».