Ruth E. Hernández Beltrán (Efe)
Nueva York

La otra pena de muerte: cada tres días fallece un preso en las cárceles neoyorquinas

Un reciente estudio del Centro para la Justicia de la Universidad de Columbia muestra que las 1.278 personas muertas en la última década en las prisiones de Nueva York son más que el total de ejecutados (1.130) en ese estado durante los 364 años en que estuvo vigente la pena de muerte (1608-1972).

Entrada de la prisión de máxima seguridad de Rikers Island, en Nueya York. (Spencer PLATT/AFP)
Entrada de la prisión de máxima seguridad de Rikers Island, en Nueya York. (Spencer PLATT/AFP)

Estar en una prisión «es una guerra mental, emocional y física» por la supervivencia y si no lo logras, «literalmente puedes morir». Es así como Wilfredo Laracuente recuerda las dos décadas que pasó en seis prisiones en el estado de Nueva York, donde actualmente muere una persona cada tres días.

Laracuente, afortunadamente, no pasó a engrosar esas estadísticas.

Las muertes en prisión se han acelerado desde 1976, –año en que el Departamento de Corrección del estado comenzó a recopilar estas estadísticas–, cuando fallecía un reo cada doce días, según el estudio realizado por la Universidad de Columbia , llamado ‘Nueva pena de muerte en Nueva York’, que ha analizado datos entre 1976 y 2020.

Entre esos años murieron en total 7.504 personas tras las rejas –siete veces el número de los que fueron ejecutados en tres siglos– y aproximadamente la mitad eran negros, pese a que representan menos del 18% de los residentes del estado.

El estudio indica, además, que en la última década, aproximadamente una de cada tres personas que murieron habían cumplido al menos quince años en prisión, en comparación con una de cada 29 en la década de 1980.

Según el estudio, pese a que en cada grupo de edad han disminuido las muertes, no ocurre lo mismo con los mayores de 55 años y señala que con prácticas de sentencia más duras, la denegación de la libertad condicional y mantener a los ancianos presos, las muertes de adultos mayores ha aumentado enormemente.

El estudio dice que el 56% de los fallecidos en la última década tenían 55 años o más.

Protesta por el cierre de la cárcel de Rikers Island. (Spencer PLATT/AFP)

Muchos han muerto sin haber tenido la oportunidad de ir ante la Junta de Libertad Condicional –que autoriza o deniega esta medida– debido a sus largas condenas, o bien se les ha denegado, tras lo cual deben esperar dos años para volver a tener otra audiencia y a veces ya es muy tarde para ellos y terminan envejeciendo y muriendo en prisión.

«No sabemos la razón de esas muertes», comenta a Efe Melissa Tanis, coautora del estudio, y destaca que los datos que el Departamento de Corrección les entregó eran «muy pobres» y se limitaban a negros y blancos, que en conjunto componen el 71% de los fallecidos.

Las muertes de los blancos están aumentando pero se desconoce las razones. No hay datos para los hispanos en las 53 cárceles del estado, tres de ellas para mujeres.

Para el 27% de las muertes reportadas, la raza del fallecido fue clasificada como «desconocida» u «otra».

Laracuente, que ahora trabaja para el Centro de Justicia, señala por su parte a Efe que previo a la década del 2000 no existía la clasificación de «hispanos» para este sector de la población penal, que eran catalogados como «no blancos».

También recuerda que vio morir a muchos en prisión porque, tras quince o veinte años tras las rejas «se dan por vencidos, pierden la esperanza» si no cuentan con apoyo de familiares y llega un momento en que «comienzan a ver la cárcel como su hogar».

«Hay muchos problemas mentales. La prisión no es sólo física, es también emocional y mental», afirma Laracuente, que tras culminar un bachillerato en prisión en «comportamiento social» y lograr su libertad condicional, salió hace tres meses.

Indica además que tras varios años en prisión se desarrollan enfermedades como asma o bronquitis que empeoran por las condiciones en las celdas, donde la mayoría no tiene ventanas y la comida y el tratamiento médico dejan mucho que desear.

El estudio hace recomendaciones entre ellas que se apruebe un proyecto de ley que cambiaría los criterios para conceder la libertad condicional centrando la decisión no tanto en la razón por la que está preso, sino en el riesgo que representa ahora y su rehabilitación.