El tope planteado por Bruselas se activaría en caso de cumplirse dos condiciones: que el precio de los futuros de gas en el TTF a un mes rebasasen los 275 euros por megavatio/hora (MWh) durante dos semanas y que este incremento mostrara una divergencia de más de 58 euros respecto al precio de referencia del gas natural licuado (GNL) durante diez días consecutivos.

«No es una intervención para fijar los precios del mercado a un precio artificialmente bajo. Es un mecanismo último recurso para prevenir niveles de precios excesivos no alineados con los precios globales», ha declarado en rueda de prensa la comisaria europea de Energía, Kadri Simson.

El tope toma como referencia el pasado mes de agosto, cuando los países de la UE se apresuraban a comprar gas para llenar sus depósitos antes del invierno y el TTF marcó un récord de 349 euros/MWh. Ahora ha caído hasta los 116 euros/MWh, lejos aún de los 15 euros de hace dos años.

No obstante, tampoco podría haberse aplicado en ese pico del verano, pues no superó ese umbral de 275 euros durante dos semanas consecutivas.

Antes de conocerse la cifra del tope, fuentes diplomáticas a favor de un tope al gas apuntaban que no tendría sentido fijarlo por encima de los 200 euros.

Además, el sistema propuesto no afectaría a los mercados no organizados (Over the counter o OTC, en inglés) como «para que tenga un poquito de flexibilidad» y siempre haya una posibilidad de comprar un cargamento de gas si la necesidad es acuciante.

Más de una quincena de países, entre ellos los Estados español y francés, así como Grecia, Polonia, Eslovenia o Bélgica, reclaman desde hace meses una línea de acción para mitigar los precios, senda que rechazan Alemania y Países Bajos, especialmente, y ante la que Bruselas también se muestra muy reacia.

A falta de medidas radicales y efectivas para aplacar la crisis de precios de la energía por parte de la Comisión, varios Estados miembros habían amenazado con bloquear los textos que se espera se aprueben sin grandes problemas en la reunión ministerial de este jueves si antes Bruselas no ponía sobre la mesa una propuesta de intervención, explican fuentes europeas y diplomáticas.

La Comisión ha circulado varios documentos de reflexión, pero no llegaba una propuesta con vocación de ley. Y los países «intervencionistas» estaban dispuestos a paralizar los reglamentos sobre compras conjuntas de gas, solidaridad energética o aceleración de permisos de energías renovables para que Bruselas reaccionara.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario alumbró la semana pasada las líneas maestras de su idea, que ahora se ha transformado en una iniciativa legislativa con «un significativo número de salvaguardas».

El mecanismo actúa sobre futuros a un mes del TTF, referencia para los precios del gas que se importa por tubería en el centro-norte de Europa pero que afecta al conjunto de las compras en la UE.

Además de las citadas condiciones de precio y divergencia, para que se active haría falta la autorización de varias instituciones.

Si la Agencia para la Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER) ve que se reúnen las condiciones, informaría a la Comisión, el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Europea de los Mercados Financieros (ESMA), que comprobarían que no hay riesgo para la seguridad de suministro ni para la estabilidad del mercado financiero.

Este requisito no constaba en el documento oficioso que las autoridades comunitarias plantearon la pasada semana con las bases del instrumento y es un gesto más para que lo acepten Berlín y La Haya.

Una vez en funcionamiento, el tope se desactivaría si dejaran de cumplirse las citadas condiciones previstas e incluye además una «robusta cláusula de suspensión» que permite que la Comisión pueda neutralizarlo «en minutos» si algo funciona mal.