La parlamentaria de EH Bildu Irati Jiménez ha sido elegida este jueves presidenta de la comisión de investigación del Parlamento de Nafarroa que revisará las adjudicaciones de obras públicas llevadas a cabo por el Gobierno foral en las últimas cuatro legislaturas a empresas señaladas en el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre una presunta trama de corrupción para el cobro de comisiones.

Jiménez ha obtenido el apoyo de EH Bildu y también del PSN, sumando 20 votos. Por su parte, UPN, que había presentado como candidato a su parlamentario Pedro González, ha recabado los apoyos de su formación, del PP y de Vox, un respaldo insuficiente –19 votos– para presidir la mesa, lo que le ha dado la vicepresidencia. Geroa Bai había presentado a Blanca Regúlez, que ha obtenido el apoyo de su formación y de Contigo-Zurekin, por lo que asumirá la secretaría de la mesa, tras cosechar 10 votos.

UPN, PSN, EH Bildu y Geroa Bai tienen dos representantes en la comisión, mientras que PP, Contigo-Zurekin y Vox disponen de un representante.

En concreto, UPN ha designado a Javier Esparza y a Pedro González; el PSN, a Javier Lecumberri y a Ainhoa Unzu; EH Bildu, a Adolfo Araiz e Irati Jiménez; y Geroa Bai, a Pablo Azcona y Blanca Regúlez.

El representante del PP será Javier García, mientras que Contigo-Zurekin ha designado a Miguel Garrido y Vox a Emilio Jiménez.

Primeras fechas clave

Tras constituirse la comisión y fijar sus primeros pasos, su presidenta ha detallado que se han cerrado dos acuerdos. Por un lado, «la elaboración de un dossier por parte de la Cámara y el segundo, que los grupos parlamentarios deben presentar su plan de trabajo antes del 31 de julio, para así, en la sesión del 5 de agosto poder elaborar el plan de trabajo de la comisión en sí».

Siguiendo con el calendario de este nuevo organismo, los trabajos in situ comenzarán en septiembre y su actividad se desarrollará hasta noviembre, «aunque se puede ampliar el plazo».

Jiménez ha indicado que «vamos a trabajar a la altura de las circunstancias, esperamos recibir toda la información que se va a solicitar y recordamos que es obligatorio comparecer con todas las garantías procesales que se requiera».

Y ha reiterado el compromiso para que «sea una comisión fructífera, que sea un trabajo honesto y riguroso que ayude a dilucidar el objeto de la comisión y repercuta en la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas de Nafarroa en las instituciones».

A continuación han ido compareciendo los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, con Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, recordando que el objetivo de esta comisión es «saber hasta dónde ha llegado la corrupción», que está «erosionando la confianza de la ciudadanía y queremos recuperarla». Ha puesto de relieve que «en el Gobierno de Navarra no hay indicios claros de corrupción, ni tampoco de financiación irregular del Partido Socialista», pero ha recalcado que «queremos conocer qué ha ocurrido».

Desde el PP, Javier García ha calificado el acuerdo alcanzado para definir la mesa de la comisión de investigación de «pacto de la lejía, porque EH Bildu blanquea la corrupción del Partido Socialista y el PSN blanquea el terrorismo de EH Bildu». En su línea, ha calificado lo ocurrido de «episodio vergonzoso» y ha añadido que el hecho de que EH Bildu presida este órgano es «una indecencia y una humillación».

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha indicado que la constitución de la comisión es «un paso más en la dirección correcta» y ha apuntado que su trabajo debe ser «un ejercicio absoluto de transparencia y debe estar regido por el rigor, porque solo así devolveremos la confianza plena de la ciudadanía a sus instituciones». También ha recalcado que «no consta ilegalidad alguna por parte del Ejecutivo foral» y ha asegurado que «no vamos a tolerar la más mínima corrupción en las instituciones navarras».

Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha destacado que «da la sensación de que algunos han acogido la comisión con tristeza, el hecho de que empiece a funcionar, porque solo querían hablar de una parte de las adjudicaciones de este gobierno», pero sus trabajos también van a alcanzar al gobierno de Yolanda Barcina.

Araiz ha señalado rotundo que «queremos trabajar sin limitaciones, queremos saber qué ha pasado en esas prácticas de corrupción que se han podido dar en Navarra, si es que se han dado, hasta qué punto se han dado, quiénes son las personas involucradas, si existen o no ramificaciones política directas en esas prácticas». Y ha recalcado que, «por supuesto, EH Bildu va a estar en una actitud clarificadora, porque no hemos venido a blanquear a nadie», ha añadido en respuesta al PP.

Ha recordado que esta comisión solo puede llegar a dilucidar «responsabilidades políticas» y ha puesto de relieve que la distribución de los puestos en la mesa de la comisión ha sido fruto de «un acuerdo político para garantizar la mayoría».

Ainhoa Unzu, del PSN, ha anunciado que el portavoz de su grupo en la comisión será Javier Lecumberri y ha insistido en que, aunque no existen indicios de ilegalidad vinculados a la acción del Ejecutivo navarro, era importante poner en marcha este órgano para que «la ciudadanía sepa que se gobierna con rigor y transparencia. Sus trabajos van a aportar tranquilidad y mostrarán que se gobierna en Navarra con ética».

La ronda de intervenciones la ha cerrado UPN con Javier Esparza, que ha mostrado su profundo malestar porque su formación no haya alcanzado la presidencia de la comisión. Así, ha señalado de salida que «mal empieza esta comisión, en la que el PSN ha elegido de abogado defensor a EH Bildu».

Tirando de calculadora, ha señalado que podía haber alcanzado la presidencia Geroa Bai y EH Bildu quedarse con la secretaría, pero que el hecho de que no haya sido así lo ha interpretado como muestra de que «hay dudas entre los socios de Gobierno, que empieza a estar roto».

A partir de ahí, ha señalado que la elección de la mesa «me suena a que hay una chama entre PSN y EH Bildu, y se van a proteger mutuamente» para que esta última formación pueda «fortalecer su proyecto y sacar a los presos de las cárceles».

Y ha insistido en que UPN debería haber presidido la comisión porque «no tiene casos de corrupciones y hemos sido los que hemos denunciado ante la Guardia Civil lo ocurrido en Belate», lo que le daría «una legitimidad que habría dado solidez a la comisión».

Con estas visiones contrapuestas, ha arrancado sus trabajos esta comisión de investigación que tiene su primera cita a finales de mes, el 31 de julio, y que proseguirá su actividad, al menos, hasta noviembre.