Un total de 14 asociaciones memorialistas han pedido que se investigue y, en su caso, se sancionen los operativos policiales de la Ertzaintza y de la Policía Municipal de Gasteiz, o en su defecto, al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y al concejal de esta área, César Fernández de Landa, por permitir y amparar el acto de la Falange Española del pasado 12 de octubre.

En un comunicado conjunto estas asociaciones han mostrado su intención de presentar una denuncia ante la Dirección de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno de Lakua al considerar que el no haber prohibido el acto de Falange es contrario a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la CAV.

Tras este acto se produjeron importantes incidentes en Gasteiz que se saldaron con daños materiales, 19 detenidos y 40 heridos, el más grave el antifascista Aritz Ibarra, al que un pelotazo rompió la mandíbula y varios dientes.

Para estas 14 asociaciones con la exhibición de simbología y gestos franquistas la Falange buscaba «mostrar menosprecio y generar humillación a las víctimas de la dictadura», así como el «enfrentamiento» en una ciudad que «vivió el horror de la represión franquista» y del «tardofranquismo», en referencia a las cargas policiales que acabaron con la vida de cinco personas el 3 de marzo de 1976.

Han recordado que estos hechos son constitutivos de las infracciones administrativas según las leyes vasca y estatal de memoria histórica. En este sentido, han señalado que en ambas leyes se recoge la responsabilidad compartida de quienes perpetran este tipo de comportamientos como de quienes se lo permiten.

La ley castiga a quienes «cooperen» y «no impidan»

En lo que se refiere a la norma vasca se remiten al artículo 46.3, en el que se señala que «igualmente serán consideradas autoras de la infracción las personas que cooperen en su ejecución con un acto sin el cual ésta no se habría efectuado, y las que incumplan el deber, impuesto por una norma de rango legal, de impedir la comisión de la infracción por otra persona».

Por su parte, la norma estatal recoge en su artículo 62.1.d como infracción muy grave «la falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización, en espacios abiertos al público o en locales y establecimientos públicos, de actos de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura».

En este sentido, han denunciado la «inacción» de los responsables policiales autonómicos y municipales que, según han subrayado, «tenían en su mano la posibilidad administrativa de impedir estos hechos, ya sea revocando el permiso para manifestarse, o impidiendo su continuación y/o disolviendo a los congregados».

PNV y PSE, partidos que sostienen el Gobierno de Lakua, están argumentando estos días que no podían impedir ese acto, mientras desde EH Bildu se les recuerda que si tienen esa potestad para prevenir incidentes, y que de hecho este gobierno prohibió un acto similar de Falange en 2008, también el 12 de octubre. Señalan además que existía la opción de desplazar el acto a zonas alejadas. Sin embargo, se permitió que se celebrara en la Plaza de la Provincia.

Por el contrario, estas asociaciones han remarcado que los responsables policiales optaron por «proteger» a los participantes en la concentración de Falange.

Han concluido que la falta de adopción de medidas para impedir o poner fin a la realización de las conductas contrarias a las leyes de memoria por parte de la Ertzaintza y la Policía Local «les convierte igualmente en autoras de los hechos y, por lo tanto, en sujetos de responsabilidad en base a las mencionadas infracciones».

Por ello, solicitan que se investigue y, en su caso, se apliquen las sanciones oportunas tanto a los organizadores del acto como a los responsables de los operativos policiales municipales y autonómicos y, en su defecto, al concejal delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Gasteiz, César Fernández de Landa y al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

Además, han instado al Gobierno de Lakua para que solicite al central la apertura del expediente jurídico de ilegalización y disolución del partido Falange Española, por reiterado incumplimiento de las leyes vasca y española.

Las asociaciones firmantes son la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, Gernika Batzordea, GEBehatokia, Goldatu, Intxorta 1937 kultur elkartea, Sanfermines 78 Gogoan, Gernika Batzordea, Asociación 6 de marzo por Juan Gabriel Rodrigo Knafo, Ateneo Republicano de Álava Eraiki–Arabako Errepublikar Ateneo Elkartea, Gogoan Sestao Elkartea–Recuperación de la Memoria Histórica, Comisión Memoria Histórica CNT Euskadi, Asociación Nicolás Guerendiain (Irun), Kepa Ordoki, Oroituz Andoainen y Tolosako Errepublikanoak–Foro Republicano de Tolosa.