Donostia y Bilbo acumulan casi la mitad de los 4.655 pisos turísticos registrados en la CAV
Junto a estas dos capitales, la costa de Bizkaia y Gipuzkoa complementa la mayor parte de la oferta. La nueva normativa europea obligará a las plataformas online a compartir sus datos con las administraciones, a fin de identificar y sancionar a los alojamientos ilegales.
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El registro de viviendas turísticas del Gobierno de Lakua cuenta con un total de 4.655 alojamientos, de los cuales Donostia suma más de la cuarta parte, con 1.262 (27.1%). Le sigue la localidad más poblada, Bilbo con 991, lo que supone un 21,3%. Entre ambas capitales concentran casi la mitad de la oferta (48,4%).
Por su parte Gasteiz, con solo 91 pisos turísticos inscritos en el registro, concentra apenas el 2% de las viviendas que se alquilan para uso vacacional.
Junto a Donostia y Bilbo, la mayor parte de la oferta se concentra en la costa de Bizkaia y Gipuzkoa. Bermeo cuenta con 249 viviendas, y le sigue Zarautz con 214. Destaca también el número de pisos turísticos registradas en Hondarribia (168 pisos), Getxo (169), Lekeitio (88), Mundaka (87), Bakio (76) y Sopela (72).
Al igual que su capital, Araba se queda fuera de este fenómeno. No hay concentraciones de pisos turísticos ni siquiera en los lugares con más visitantes como Guardia, en Rioja Alavesa, donde hay 19 establecimientos de este tipo.
Normativa europea
A este importante número de viviendas hay que sumar aquellas que operan de forma «clandestina», ofreciéndose en las plataformas online de alquiler turístico sin estar inscritas en el registro.
Estas plataformas se han negado tradicionalmente a compartir sus datos con las instituciones lo que ha dificultado identificar los negocios irregulares. Esta situación va a cambiar gracias a un reglamento europeo que ya ha sido aprobado, aunque los estados miembros tienen dos años de margen para aplicarlo. Cuando esto ocurra, las plataformas deberán compartir los datos de los establecimientos que ofertan.
En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa existe desde 2018 la obligatoriedad de inscribir en el registro las viviendas que se van a ofertar para su uso turístico. La Ley autonómica de Turismo de ese año establece una serie de condiciones de seguridad para estas viviendas, regula el número de plazas a ofrecer según los metros cuadrados y la necesidad de colocar una placa en el portal del edificio, entre otras cuestiones.