La excarcelación de Iosu Uribetxebarria vuelve a estar hoy sobre la mesa de la Audiencia Nacional española, que a las 17.00 reunirá a una sala formada por cinco jueces para dilucidar y decidir sobre el recurso de la Fiscalía. Esta apelación ha vuelto a detener el reloj del caso durante dos semanas, por lo que Uribetxebarria lleva ya mes y medio, desde el 1 de agosto, en el Hospital Donostia. En este tiempo, sobre todo tras la huelga de hambre que realizó durante dos semanas, su deterioro físico ha sido muy visible.

Así lo reconoció el propio presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la entrevista concedida el lunes noche a Televisión Española, a revelar que en la actualidad el preso de Arrasate pesa solo 47 kilos. Recordó igualmente que lleva ya 50 días de ingreso hospitalario (los diez primeros en León).

El movimiento Herrira confirmó ayer ese dato y constató que efectivamente la situación de Uribetxebarria «ha empeorado y los efectos del cáncer que sufre son cada vez más notorios. No puede levantarse de la cama», indica en una nota.

«Una persona que padece su estado de salud y que va a morir a causa de su enfermedad no puede seguir en prisión, por derecho y por ley le corresponde estar en libertad. El alargamiento de la situación de Iosu Uribetxebarria no genera más que sufrimiento, dolor y tragedia -añade-. Es el momento de que se imponga el respeto a los derechos humanos y se descarte cualquier atisbo de venganza. La situación no puede demorarse más, hay una persona muriéndose y cada minuto que pasa encarcelado acelera su fallecimiento». Herrira se concentrará a las 17.00 en el Hospital Donostia, a la misma hora en que la sala de la Audiencia Nacional emprende su deliberación.

Pese a la evidencia de que Uribetxebarria está en situación muy delicada -algo que certifican fuentes tan diferentes como Mariano Rajoy, el Hospital Donostia y Herrira-, la forense de la Audiencia Nacional sigue intentando sostener lo contrario.

La forense se resiste

En la mañana de ayer se conoció que, con vistas a esta decisión sobre el recurso, la Audiencia Nacional había solicitado un nuevo informe médico que pueda refundir los anteriores, que como se sabe eran contradictorios, y al mismo tiempo actualice la situación médica del preso. Paradójicamente, se lo encargó a una de las dos partes en litigio: la forense de la AN Carmen Baena, que antes descalificó el diagnóstico del Hospital Donostia y negó la situación terminal de Uribetxebarria.

Su nuevo informe debía estar listo para el mediodía de ayer, pero Baena entregó un escrito en el que básicamente reafirma su anterior impresión y dice echar en falta más datos por parte del Hospital. Con ello, la forense hace la vista gorda ante el notorio empeoramiento de la situación del preso. En cualquier caso, el centro hospitalario donostiarra confirmó que ayer mismo le remitiría más información sobre aspectos como el efecto que está teniendo la radioterapia sobre Uribetxebarria. Con estos nuevos elementos, la forense tendrá que entregar su nuevo informe en la Audiencia Nacional antes de las 9.00 de esta mañana. Luego será trasladado a la Fiscalía y a la defensa para que lo valoren (tendrán que hacerlo para el mediodía), y ya a las 17.00 se reunirán los cinco jueces.

La forense vuelve a intentar derivar el asunto hacia la situación terminal o no del preso y no hacia la evidente existencia de una enfermedad irreversible. Hace dos semanas, ello le sirvió a la Fiscalía para proponer que no sea liberado todavía.

Las coordenadas con que los aparatos del Estado español están abordando este caso se resumen en la frase con la que la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, respondió ayer al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy: «Me da igual lo que pese y lo que le pase».

Los precedentes, a favor

Estos últimos movimientos parecen apuntar a que el tribunal quiere decidir en base exclusivamente a la situación médica del preso, lo que obviamente acerca a Uribetxebarria a la excarcelación. La Fiscalía había planteado en su recurso otras opciones como que se declarase nula la actuación del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, por defectos de forma, lo que implicaría que el procedimiento volvería para atrás y que la liberación seguiría dilatándose en el tiempo.

La decisión final corresponderá a la Sección Primera de la Sala de lo Penal, que es la que habitualmente analiza estos recursos contra libertades condicionales de presos. Teóricamente esto también favorece que el caso se resuelva definitivamente hoy, ya que la norma habitual es que esta sala confirme las decisiones del juez central de Vigilancia Penitenciaria. La Fiscalía pedía que el recurso fuera elevado al Pleno, formado por dieciocho jueces, pero la mayoría de los magistrados lo rechazaron.

Los cinco jueces encargados de decidir son Fernando Grande-Marlaska, máximo responsable de lo Penal de la AN, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel, Nicolás Poveda y Alfonso Guevara. Este último se ha incorporado a la sala por sorteo dado que la titular, Manuela Fernández Prado, está ausente.