En 2009, el Gobierno de Nafarroa contaba un total de 38 empresas públicas. A finales de 2014 serán tan solo ocho, agrupadas en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN). Es el resumen de los dos planes de reestructuración de las sociedades públicas puestas en marcha por el Gobierno foral, el primero iniciado en 2010 y el segundo anunciado el pasado mes de mayo y puesto en marcha en las últimas semanas, con dramáticas consecuencias para los trabajadores.

En cifras globales, el Gobierno de Yolanda Barcina asegura que las empresas públicas arrastran una deuda de 289 millones de euros –que crecerá en los próximos dos años– y garantiza también que con la nueva reestructuración –de un impacto de 83 millones de euros–, la deuda se podrá reducir en 2017 en un 43%, situándose entonces en los 165 millones.

Detrás de las cifras, naturalmente, está el día a día de las empresas y de las personas que en ellas trabajan, principales afectadas por la nueva reestructuración. En este sentido, a mediados de mayo pasado se conocieron las directrices generales dadas por la CPEN, con los objetivos declarados de «generar empresas flexibles con capacidad para adaptarse en cada momento a la coyuntura social que se viva» y reducir la masa salarial entre un 15 y un 20%, «sin contar las posibles externalizaciones».

Más concretamente, según el CPEN deben desaparecer del mapa cinco empresas públicas: GAN, que tras un «ajuste de personal» pasará a integrarse en NILSA; TRACASA, que tras internalizar en el Gobierno algunos servicios y externalizar otros se unirá a NASERTIC; NASUVINSA, CAT y ANL, que se fusionarán en una única sociedad que prescindirá de 21 puestos de trabajo; por último, está CNAI, que será directamente privatizada. Unas medidas que, curiosamente, encajan a la perfección con las recomendaciones realizadas por el el ‘think tank’ navarro Institución Futuro en su documento ‘Sociedades públicas: reordenando el sector público empresarial’.

Casos concretos

Estas directrices fueron trasladadas a las empresas públicas, cuyas direcciones se han encargado de elaborar diversos planes de actuación para aplicar lo pedido por el CPEN. La primera fue GAN, que a principios de junio planteó un ERE de más de la mitad de la plantilla. La empresa pública anunció su intención de despedir a un total de 65 trabajadores del total de 118 que forman la plantilla. 45 perderían su puesto de trabajo este mismo año y 20 en 2014.

La última empresa en la que se han empezado a aplicar los recortes es INTIA, donde la dirección propuso a finales de junio el despido de 21 trabajadores, con el objetivo de recortar los gastos en unos 800.000 euros. Una medida que la dirección se ha mostrado dispuesta a negociar, tal y como consta en el Plan de Actuación de la empresa, al que ha tenido acceso NAIZ. En él se puede observar el porqué de la propuesta de la firma, que prefiere despedir individualmente a 21 trabajadores antes que presentar un ERE, entre otros motivos por el «menor ruido mediático» que supone. De forma sorprendente, el documento también considera que esta medida «no desmotiva ni perjudica a los trabajadores que permanecen», a los que «se les permite presentar otras alternativas que supongan un ahorro similar». Eso sí, con la amenaza constante de que «si no hay acuerdo con la representación legal de los trabajadores, habría que replantear un ERE u otras fórmulas».