Naiz.info
Bilbo

Los astilleros vascos ven «discriminatoria» e «injusta» la decisión de la UE

El Foro Marítimo Vasco ha tachado de «claramente discriminatoria e injusta» la decisión de la Comisión Europea de obligar al sector naval a devolver los beneficios fiscales obtenidos entre 2007 y 2011 por el método financiero «tax lease».

El Foro, que agrupa a las empresas de la industria naval de la CAV, ha asegurado que aunque el dictamen de la UE estipula que sean los inversores los que devuelvan el dinero, «la decisión tiene consecuencias claras en todo el sector naval, incluidos los astilleros, y habrá que trabajar duro para minorarlas».

En un comunicado, el clúster marítimo garantiza que el sector «está dispuesto a luchar para minorar sus efectos» y advierte de que se reserva la posibilidad de tomar las acciones legales correspondientes para defender sus intereses, en sintonía con el anuncio del Gobierno español de que estudiará si recurre ante el Tribunal Europeo de Justicia.

«Somos supervivientes y no vamos a tirar la toalla. 87.000 familias en todo el Estado dependen de que seamos capaces de gestionar la situación creada por la Comisión Europea», subraya el Foro.

La organización lamenta que el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, no haya querido «apreciar los argumentos aportados que justificaban la aplicación de la seguridad jurídica durante todo el periodo en el que se materializaron operaciones (2002-2011), lo que hubiera impedido la devolución de las ayudas».

Por ello, concluye que el Estado español ha recibido un trato «discriminatorio» en relación con el aplicado al Estado francés.

A pesar de lo negativo del dictamen, el Foro valora «el esfuerzo y la unidad, inédita, de todas las instituciones con independencia del color político para evitar que el fallo de la UE fuera peor».

A falta de analizar con mayor profundidad los «daños» concretos que conllevará la aplicación de la resolución, «lo que requerirá un trabajo exhaustivo» por parte del Gobierno español, el sector naval vasco solicita que «la aplicación de la decisión sea lo más equilibrada posible dentro de los límites establecidos en el propio texto» del dictamen.