A fondo
Cierre de Canal 9

Sin previo aviso, al estilo griego. La Generalitat valenciana anunció el lunes el cierre de la radio y televisión públicas, dando así el carpetazo definitivo a una historia marcada por los amiguismos, la corrupción y la manipulación.

@zalduariz|València|07/11/2013
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Asamblea de trabajadores de RTVV. (CGT)

El País Valencià, aquel lugar donde se gastaron 150 millones de euros en un aeropuerto del que no despegan aviones, se quedará sin radio y televisión públicas porque la Generalitat gobernada por Alberto Fabra (PP) no tiene 40 millones de euros para mantener su sobredimensionada plantilla. Al menos eso es lo que intentó explicar ayer el president, un día después de anunciar sorpresivamente el cierre de la televisión pública Canal 9 y de todos los medios englobados en la Radiotelevisión Valenciana (RTVV). El anuncio se produjo mediante un simple comunicado, apenas unas horas después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano declarase nulo el ERE que había despedido a más de 1.000 trabajadores.

«No han podido hacer lo que les daba la gana y han optado por cerrar directamente, lo tenían más que preparado, porque ni siquiera se leyeron la sentencia», explica Vincent Melo, miembro del comité de empresa de RTVV por la CGT, que admite que el anuncio les tomó desprevenidos: «No nos lo esperábamos, creíamos que iban a recurrir». También le llegó por sorpresa a la propia dirección, que ayer anunció su dimisión en bloque.

El extrabajador de Canal 9 y miembro del Consejo de Administración de RTVV a propuesta de Esquerra Unida, Manuel Jardí, mira un poco más arriba y considera que «Fabra obedece órdenes directas de Madrid», recordando que cuando Rajoy llegó a la Moncloa ya expresó su intención de poner fin a la fiesta de las televisiones autonómicas. «Fabra optó por reducir RTVV a la mínima expresión y dejarla como aparato de propaganda», añade Jardí, algo para lo que la Generalitat encargó a empresas como Price Waterhouse -la firma de auditorías y asesorías más grande del mundo- que estudiasen nuevos modelos organizativos. Unos informes sobre los que luego se justificó un ERE que los tribunales declararon nulo el lunes y que «más que un expediente de regulación fue toda una operación de limpieza ideológica; porque la mayoría de los que se quedaron eran afines al PP», denuncia Jardí.

Con la nulidad encima de la mesa, el Govern estaba obligado a readmitir a los más de 1.000 trabajadores despedidos y volver así a una sobredimensionada plantilla de cerca de 2.000 empleados. Una operación que el propio Fabra cuantificó en 40 millones de euros y que, según alegó ayer, le obligarían a cerrar escuelas y hospitales. «A buenas horas -se lamenta Jardí ante tal demagogia-; llevamos años de barracones en las escuelas y hospitales privatizados».

En contra de lo que podría parecer a primera vista, nadie discute en el País Valencià el argumento de la plantilla sobredimensionada. De hecho, es una de las denuncias de los propios trabajadores. Como explica Melo, «tras unos primeros años relativamente decentes, Canal 9 se convirtió en una agencia de colocación de amigos de los gobernantes de turno; sobre todo con el PP empezaron a entrar personas sin ningún tipo de prueba ni nada por el estilo». Algo que Jardí, desde el Consejo de Administración, corrobora, señalando que los enchufes sin ningún tipo de criterio profesional fueron «una constante» desde que Eduardo Zaplana llegó a la Generalitat.

Es por eso que Jardí se muestra dispuesto, como muchos trabajadores, a negociar una racionalización de la plantilla, «pero obedeciendo a criterios objetivos y no ideológicos», apunta. «Así se podrían abandonar años y años de nepotismo, que es lo que ha sobredimensionado la plantilla», añade.

Una deuda millonaria

Sin embargo, los costes laborales de una plantilla sobredimensionada no justifican la millonaria deuda de RTVV, que el año pasado ascendía a la increíble cifra de más de 1.300 millones de euros, deuda asumida ahora por la Generalitat y que, por lo tanto, pagarán todos los valencianos. «Esto se explica con una palabra: saqueo», sentencia Jardí, que explica que «con el PP se externalizaron muchísimos programas y servicios, y no a cualquier precio: lo que valía 30 lo pagaban a 3.000, porque eran amigos y se intercambiaban favores».

Todavía más explícito, Melo denuncia que RTVV «ha servido para subvencionar la mafia del fútbol, la Fórmula 1, la visita del Papa y estas cosas». «Todos los gestores que han pasado por aquí se han dedicado a meter a sus amigos y a forrarse; tenemos a tres personas imputadas en juicios relacionados con la trama Gürtel y a otro directivo imputado por acoso sexual a trabajadoras», añade Melo sin que la hemeroteca le contradiga precisamente. La radiotelevisión valenciana se ha gastado en los últimos años 235 millones de euros en los equipos de fútbol, 22 millones en la Fórmula 1, 11 millones en la visita del Papa a Valencia en 2006... Por esta visita está imputado, en la trama Gürtel, el exdirector de RTVV Pedro García, acusado de quedarse con medio millón de euros.

Melo no se engaña sobre las consecuencias de esta manera de funcionar. «Junto al amiguismo y el despilfarro llegó la manipulación de los informativos, que eran infumables e hicieron que la gente dejase de ver la televisión». A tanto llegaba este control que, según las malas lenguas, Zaplana tenía prohibido que le enfocasen el perfil malo.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, no acaba de sorprender que, al menos en un momento inicial, fuesen los trabajadores los únicos que defendiesen sus empleos y, con ellos, el ente público. Algo que empieza a cambiar -la indignación se pudo notar ayer en las calles y en las redes-, ya que, según señala Melo, «somos todos los valencianos los que nos quedamos sin el único medio de comunicación público y en nuestra lengua». Al menos el ente existía, y ahora habrá que empezar de cero, algo a lo que ya se compromete la oposición cuando caiga el PP.

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