¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Durante años el PP ha abusado de Radiotelevisión Valenciana como un instrumento a su servicio, para pagar favores, agradecer a empresas amigas y organizar campañas electorales que se pagaban después con contratos de programas. Esto ha llevado a que la deuda ascienda a 1.300 millones de euros. Con el ERE intentaron castigar a los trabajadores, como si fuesen los culpables, pero la justicia les ha dicho que no, que el ERE es un auténtico desastre. Y su respuesta es el cierre y con él, la vulneración del derecho a tener un medio de información público, al servicio de todos y al servicio de la democracia. Si no hay información pública de calidad, estamos en manos de los grandes grupos privados, algo que lesiona la democracia.

¿Cómo se explica una plantilla tan grande? ¿Se puede achacar la deuda a esta sobredimensión?
Es tan grande porque han colocado a muchos amigos, pero la plantilla sobredimensionada no justifica esta deuda de más de 1.300 millones de euros. Se justifica con los encargos de programas a productoras del área de la extrema derecha española, que hacían programas infectos con toda la purria pepera y que tenían un 1,5 de audiencia, es decir, que no veía nadie.

En clave lingüística y cultural, ¿cuáles son las consecuencias del cierre?
Las consecuencias son inmediatas. Si esto se cierra, no habrá en el País Valencià ni un solo medio, en radio y televisión, que hable la lengua de los valencianos, algo que atenta contra el Estatut y la Constitución. Primero atacaron los derechos fundamentales de los trabajadores, y ahora pretenden atacar los derechos del conjunto de la sociedad valenciana. Es un despropósito y es inadmisible.

Y a partir de ahora ¿qué?
Esto es un golpe de Estado ante el que hay que organizar una respuesta dura. Hay que impedirlo. Los trabajadores están dispuestos y la sociedad empieza a reaccionar. Esto debería conducir a una sublevación popular y provocar la caída del PP, enemigo público número uno del pueblo valenciano.