El policía Valeriano de la Peña y su hijo Miguel José acabaron con la vida de Ángel Berrueta en la panadería que regentaba después de que impidiera a Pilar Rubio, mujer y madre de los anteriores, colocar un cartel en el que se responsabilizaba a ETA de los atentados yihadistas del 11-M en Madrid. Cuando se cumplen diez años de esta muerte, se desconoce la situación de estas personas.

Miguel José de la Peña fue condenado a quince años y Valeriano a veinte. El primero podría haber alcanzado el tercer grado en setiembre de 2011 al cumplir las tres cuartas partes de la condena. El agente de la Policía española podría comenzar a abandonar la prisión este mismo año al cumplir la misma parte.

GARA pudo confirmar ayer que los abogados de la familia Berrueta desconocen si los autores de la muerte de Ángel han accedido a los beneficios penitenciarios o no. La ley establece que la autorización para abandonar la prisión corresponde a los juzgados de vigilancia penitenciaria, que no están obligados a comunicar a la representación de las víctimas la situación de los condenados.

Lo que sí es un hecho contrastado es que ni Valeriano ni Miguel José de la Peña han mostrado arrepentimiento por lo que hicieron, un requisito para acceder a los beneficios penitenciarios. De hecho, en marzo de 2011 los Berrueta revelaron que los dos condenados trataron de llevar a cabo acciones legales contra ellos, contra Gurasoak (que ejerció la acusación popular) e incluso contra el juez que presidió el tribunal de su caso.

Una vez más, el caso de Ángel Berrueta deja en evidencia el doble rasero con el que actúa la Justicia española en función de quién sea la víctima.