Muchos quisiéramos que el lehendakari tuviera razón, pero cabe dudar de que así sea. O, al menos, es cuestionable que el catalán y el vasco sean, hoy por hoy, problemas equiparables en urgencia y perentoriedad para el Estado español.

También es discutible que a los gobiernos españoles no les haya sido de utilidad practicar «la política del avestruz, esconder la cabeza y dejar pasar el tiempo hasta que los temas se pudran», como les reprocha Urkullu. Al menos en el caso vasco. ¿Qué pasó cuando dijo no al nuevo Estatuto? Que Ibarretxe incumplió su palabra -dada hasta cuatro veces ante el Parlamento- y en vez de una consulta convocó elecciones. Y, lo más grave, cuando resultó reelegido, tanto él como su partido dejaron aquel texto guardado en un cajón donde nueve años después sigue cogiendo polvo. En su lugar levantaron otro banderín de enganche, el de la consulta, con el que estuvimos otros cuatro años a vueltas hasta que el Tribunal Constitucional volvió a mandar parar y aquí se paró. Punto final. ¿Alguien sabe qué fue de aquellas firmas que se recogieron en el Alderdi Eguna de 2008 y que primero iban a ser, según anunció Ibarretxe, una denuncia ante la Corte de Estrasburgo y luego devinieron en adhesión a un simple manifiesto?

Pero no es justo culpar de esta situación solo al PNV. El movimiento independentista, e incluyamos aquí también a ELA, nunca vio esa apuesta como suya. Ibarretxe lideró una iniciativa institucional, a través del llamado Consejo Político del Gobierno Vasco, un ente del que además el EBB presidido por Urkullu desconfiaba porque no se consideraba representado en él. Ni el nuevo Estatuto ni la posterior consulta tuvieron el empuje social que en estos momentos se vive en Catalunya.

Gure Esku Dago podría ser el embrión de ese movimiento civil llamado a conducir y expandir el ansia independentista y transformar el deseo en proyecto mayoritario factible, pero en el camino tenemos todavía los vascos problemas básicos que resolver como el de definir el sujeto político con el que reclamar el derecho a decidir.

Ojalá, por tanto, fuera cierto, como decía ayer Urkullu, que seamos para el Gobierno español un problema comparable al que en realidad representa ahora Catalunya -aunque, escuchado el discurso de Mariano Rajoy, no parece ser que lo haya dimensionado en sus justos términos-. En todo caso, ayer volvió a quedar claro que avanzar hacia más soberanía depende de la fuerza de quienes lo reivindiquen, porque habrán de conquistarlo contra las Cortes y sin esperar nada de allí.