Que 20 años después del fin del apartheid el desempleo entre la población negra de Sudáfrica se sitúe cerca del 29% –según cifras oficiales– y entre la población blanca apenas llegue al 6% es la muestra palpable de que dos décadas después de las primeras elecciones libres, los retos siguen siendo enormes. Y es que pese a los grandes éxitos alcanzados, queda todavía mucho trabajo en el terreno de la economía y la gestión del poder.

Pero empecemos por el principio, tomando las palabras de la politóloga y experta en Sudáfrica Marianne Severin, quien asegura en un reciente artículo que «la nueva Administración cometió el error de pecar de ingenuidad al confiar en el Gobierno saliente». Y añade, sobre la llegada al poder del ANC en 1994: «El nuevo Gobierno se basó en los resultados presentados en materia económica y presupuestaria mientras que la deuda externa era elevada y el desarrollo del país engullía el 91% del presupuesto del Estado. Además, a pesar de los acuerdos firmados durante las negociaciones para proteger sus intereses económicos, la minoría (blanca) se convirtió en una instancia de bloqueo hostil a cualquier cambio tanto en la esfera económica –facilitado por la concentración de riqueza en sus manos– como en una Administración infestada de corrupción y opuesta a cualquier reforma, lo que limitó en consecuencia la aplicación de la política del ANC».

Palabras que suscribe el senador de Amaiur, Urko Aiartza, buen conocedor de la realidad sudafricana, al señalar que «el mayor rastro del apartheid sigue siendo la elite económica surgida a su sombra, que influye muchísimo a la hora de definir la economía». Sin tener en cuenta el poder de esta elite –que fue la que movió a los sectores reformistas del apartheid a iniciar negociaciones con el ANC en los años 80– y el contexto internacional –desaparición de la URSS–, será difícil entender el posterior desarrollo de las políticas del ANC.

Éxitos innegables

Pese a todas las dificultades y pese a las sombras que arrojan 20 años en el poder, el paso adelante de la inmensa mayoría de la población sudafricana es un hecho irrefutable. En los primeros años de democracia se construyeron tres millones de nuevas viviendas y se conectaron al suministro eléctrico más de 6 millones de hogares; las ayudas sociales pasaron de beneficiar a tres millones de sudafricanos a principios de los 90, a 15 millones dos décadas después; y la educación se ha generalizado de forma indiscutible. En un país donde los blancos son el 10% de la población, solo uno de cada 20 licenciados era negro en 1991, mientras que el año pasado hubo el doble de licenciados negros que blancos.

Junto a esta mejora de las condiciones de vida materiales cabe destacar también el proceso de reconciliación puesto en marcha durante la primera legislatura de Nelson Mandela, en el marco del cual se amnistió a todo aquel que reconociera y ofreciera toda la información acerca de sus crímenes. Pese a que hay quien hoy en día lamenta que dicho proceso sellase la impunidad de numerosos crímenes del apartheid, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación encabezada por el arzobispo Desmond Tutu sigue siendo ejemplo en el mundo entero.

Paro, desigualdad, corrupción

En el capítulo de las sombras nos encontramos, en primer lugar, con un paro desbocado que las cifras sitúan en torno al 25%, pero que comúnmente se admite que oscila cerca del 40% de la población. Todo un lastre para la economía, como también sabemos por estos lares. Y junto al desempleo aparecen, inevitablemente las desigualdades sociales. Pese a la mejora generalizada de las condiciones de vida, las desigualdades no han parado de crecer en las últimas dos décadas: si en 1994 el 10% de la población más rica acaparaba el 54% de la riqueza del país, en 2008 dicho porcentaje ascendió al 58%.

Y como ya se ha dicho, este 10% más rico está formando, de modo absolutamente mayoritario, por la población blanca, cuya renta por cápita pasó de 193.000 rands –moneda sudafricana– en 2001 a 365.000 en 2011. En el mismo periodo, la renta de la población negra pasó de 22.000 rands a 60.000.

Pese a que la herencia del apartheid es evidente en cifras como estas, hay también quien responsabiliza a las políticas económicas impulsadas por el ANC, sobre todo a partir de la llegada de Thabo Mbeki y la posterior presidencia de Jacob Zuma. La fecha clave, probablemente, se sitúe en 1996, cuando el primer Programa de Reconstrucción y Desarrollo –centrado en la redistribución de la riqueza– fue sustituido por un Programa de Crecimiento, Empleo y Redistribución (GEAR, por sus siglas en inglés) que asumió como propia buena parte de la ortodoxia neoliberal en cuanto a déficit, gasto público, fiscalidad y privatizaciones se refiere.

Entre los programas económicos fomentados por la joven democracia también se encuentra el programa de Empoderamiento Económico Negro (BEE, en inglés), creado con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de la población negra, pero que en la práctica ha servido para tejer una red clientelar al cobijo de la cual personas bien conectadas con el ANC han podido progresar y amasar buenas fortunas. Unas redes clientelares que muestran también la corrupción instalada, ya desde los tiempos del apartheid, en buena parte del poder político y económico sudafricano y que afecta al mismo presidente, Jacob Zuma, que se gastó 15 millones de euros de dinero público en reformar su granja particular.

En resumen, con sus éxitos y sus fracasos, su paro desbocado y su corrupción –nada que no conozcamos en este rincón del mundo–, Sudáfrica, según Severin, se ha convertido «en una democracia como cualquier otra, con sus cualidades y sus inconvenientes».