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PARÍS

Imputan por tráfico de influencias al abogado de Sarkozy y a un magistrado

Thierry Herzog, abogado del expresidente francés Nicolas Sarkozy, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert, han sido imputados por tráfico de influencias en un caso que afecta también al propio Sarkozy.

Un policía custodia el acceso de las oficinas en las que permanecen Sarkozy y el resto de implicados. (Bertrand GUAY/AFP PHOTO)
Un policía custodia el acceso de las oficinas en las que permanecen Sarkozy y el resto de implicados. (Bertrand GUAY/AFP PHOTO)

Sarkozy declara desde primera hora de este martes en régimen de «garde à vue», una medida inédita hasta ahora para un antiguo mandatario, y continúa en los locales de la policía judicial en Nanterre, a las afueras de París.

El que fuera jefe del Estado francés entre 2007 y 2012 presta testimonio con acceso a asistencia letrada por presunto tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción de otros casos abiertos contra él.

Sarkozy puede permanecer hasta 48 horas bajo la jurisdicción de la policía judicial, plazo en el que puede ser declarado imputado por alguno de los citados delitos, colocado como simple testigo o con estatuto de «testigo asistido», una figura jurídica que se sitúa entre las dos anteriores.

En el llamado «caso de las escuchas» se investiga, entre otros asuntos, si el político conservador recibió financiación ilegal para su campaña presidencial de parte de la multimillonaria heredera del grupo de cosméticos L'Oréal, Liliane Bettencourt, y del depuesto y ejecutado líder libio Muamar el Gadafi.

La investigación estaba relacionada, en origen, con las pesquisas abiertas en marzo de 2013 para determinar si parte de la campaña que le llevó al cargo en 2007 fue financiada por el Gobierno libio.

Las escuchas a las que fue sometido Sarkozy posteriormente condujeron el pasado febrero a la apertura de una investigación judicial por los cargos de «violación del secreto del sumario» y de «tráfico de influencias».

De ser declarado culpable al final del proceso, se enfrentaría a una pena máxima de cinco años de cárcel y a una multa de medio millón de euros.