Para Val se trata de una sentencia que “lesiona la propia salud pública, que pretende proteger” y añade que “con este fallo, indirectamente, se condena, estigmatiza y margina a cientos de miles de personas usuarias de cannabis de todo el Estado”. En este contexto, Val ha afirmado que las diversas asociaciones de usuarios de cannabis del Estado español tienen ahora la mirada puesta en las Generales del 20 de diciembre y en la posibilidad de que una nueva correlación de fuerzas en el Congreso que propicie un giro en las políticas con respecto al cannabis y su uso.