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El juez Llarena impone una fianza de 150.000 euros a Carme Forcadell

El juez del Supremo Pablo Llarena ha impuesto una fianza de 150.000 euros a la presidenta del Parlament Carme Forcadell, por lo que se prevé que sea trasldada hoy a la cárcel de Alcalá-Meco. La fianza para Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet es de 25.000 euros y tienen un plazo de una semana para abonarla, excepto Joan Josep Nuet, que saldrá en libertad sin fianzas tras desmarcarse de sus compañeros.

Forcadell, a su llegada al Tribunal Supremo. (AFP)
Forcadell, a su llegada al Tribunal Supremo. (AFP)

La Fiscalía había pedido prisión incondicional para Carme Forcadell, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó; para Ramona Barrufet ha solicitado prisión eludible bajo fianza y dejar en libertad provisional a Joan Josep Nuet.

La presidenta del Parlamento de Catalunya, Carme Forcadell, ha permanecido algo más de dos horas declarando ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, por «facilitar los debates parlamentarios que culminaron con la declaración de independencia».

Durante su estancia en el despacho del juez, Forcadell ha respondido a las preguntas que le han realizado los fiscales Fidel Cadena y Consuelo Madrigal. El vicepresidente primero de la Mesa, Lluís Corominas, ha sido el segundo en declarar y lo ha hecho durante unos 50 minutos y contestando también a las preguntas que le han realizado los representantes del Ministerio Público. Le han seguido Lluís Guinó y Anna Simó, quienes también han respondido a los fiscales.

Tras un receso, los interrogatorios se han retomado a las 16.30, con Ramona Barrufet y Juan Josep Nuet, el último en declarar y que, según Efe, ha aportado las actas para demostrar, en contra de lo que le acusa la Fiscalía, que no apoyó tramitar la declaración de independencia.

Según las agencias españolas, Forcadell, Corominas y Guinó han dicho que acataban la aplicación del artículo 155.

Durante su declaración, la presidenta del Parlament ha señalado que siempre ha permitido el debate parlamentario sin perjudicar el resultado ni controlar el contenido, con el fin de preservar el derecho a la actividad parlamentaria y el debate libre, y ha añadido que impedir un debate parlamentario «habría sido un incumplimiento de la legalidad aplicable a la Mesa del Parlament, de la legalidad internacional y de los principios del Estado democrático», según fuentes judiciales.

De esta manera, ha defendido que ha cumplido con sus funciones como presidenta «defendiendo la soberanía del Parlament y los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados».

Forcadell también ha manifestado ante el juez que el Tribunal Constitucional «no puede actuar de forma previa como filtro o censura», sino que en todo caso lo debería hacer a posteriori.

Finalmente, ha explicado que siempre ha defendido la vía pacífica en las movilizaciones y proyectos políticos.

En el interrogatorio también le han preguntado qué valor daba a la declaración de independencia y ha respondido que tenía un valor «político», como resolución parlamentaria que es, según informan medios catalanes. Las agencias Efe y Europa Press también destacan que ha calificado la declaración de independencia de «simbólica».

Arropados por diputados y senadores

Los seis miembros de la Mesa han llegado al Tribunal Supremo pasadas las 09:00. Más de media hora antes ya esperaban a los investigados para prestarles su apoyo representantes políticos como el senador de EH Bildu Jon Iñarritu, el portavoz de PDeCat en el Senado, Josep Lluís Cleries, las diputadas de ERC Teresa Jordá y Ester Capella y el exdirigente de Podem Catalunya Albano Dante Fachin, entre otros.

 

A las puertas del alto tribunal un grupo de personas les ha recibido al grito de «no estáis solos». Asimismo, otro grupo con banderas españolas coreaba consignas como «no nos engañan Catalunya es España» o «Puigdemont a prisión».

El pasado 2 de noviembre los seis investigados ya comparecieron ante el alto tribunal pero los interrogatorios se suspendieron hasta hoy a petición de sus abogados, que alegaron indefensión y con el objetivo de estudiar con profundidad la querella.

Durante esta semana Forcadell, Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Lluis Guinó, Ramona Barrufet, todos ellos miembros de la Diputación Permanente de este órgano, y por ello aforados, y Joan Josep Nuet han estado bajo vigilancia policial, tal y como solicitaron los fiscales Fidel Cadenas y Consuelo Madrigal (ex fiscal general del Estado), con el fin de garantizar su disposición judicial hasta el próximo jueves.