Kaleratzeak Stop Araba, que había presentado un recurso contra la orden de desalojo de esta familia de la vivienda de alquiler social en la que reside, ha anunciado que el Servicio de Ejecuciones de los juzgados de Gasteiz ha suspendido el desahucio previsto para mañana.

En el recurso de este colectivo se recordaba que las instituciones vascas, la propia ONU e incluso la Jurisprudencia del Tribunal Supremo son contrarias a los desahucios de familias que se encuentren en estas circunstancias.

Esta asociación ha subrayado, a través de un comunicado, que un dictamen de la ONU recoge diversas medidas para evitar que se produzca «una violación grave del derecho internacional» cuando se procede a un desalojo forzoso «sin alternativa habitacional previa». En el caso del Tribunal Supremo, Kaleratzeak Stop recuerda que ha prohibido los desalojos forzoso con menores implicados «sin que exista un juicio de proporcionalidad entre los intereses en conflicto».

Este colectivo antidesahucios ha lamentado que la suspensión del desalojo no se haya producido hasta ahora, después de haber sido recurrida y denunciada ante los medios de comunicación. «El juzgado, que tenia que haber detectado por su cuenta que estaban juzgando a un colectivo vulnerable y con menores involucrados, no se entera», ha criticado.

Kaleratzeak Stop también ha censurado el papel de la Fiscalía de Menores y del Servicio de Ejecuciones, de los que ha destacado que «conocen perfectamente» los acuerdos institucionales y la jurisprudencia contra este tipo de desahucios. Por otra parte, ha afirmado que el Ayuntamiento de Gasteiz no tiene viviendas preparadas para «emergencias habitacionales», pese a que en la capital alavesa hay «cientos de viviendas vacías pendientes de rehabilitar». El propio Consistorio, antes de saberse la suspensión, había anunciado que realojaría a la familia.

Kaleratzeak Stop también ha denunciado la actitud de Vitalquiler, que gestiona la vivienda de alquiler social en la que residen estas personas. «En lugar de facilitar la prorroga del contrato dando facilidades para pagar la fianza de 5.000 euros que exige, y en lugar de explicar a la familia que cuando acaba la subvención social hay otras ayudas de la administración a las que pueden acudir, utilizan un procedimiento judicial abierto en 2016, por deudas ya pagadas, para desahuciar a la familia cuanto antes», ha censurado.