Joseba Iturbide e Izaskun Lesaka han sido juzgados en el Tribunal de lo Criminal de París por el robo cometido en una empresa de la localidad de Lorette en octubre de 2007 y por la documentación falsa, armas y material que les requisaron en el momento de su detención, cinco años más tarde.

La Fiscalía había pedido doce años de prisión para Lesaka y ocho para Iturbide, pero el tribunal ha rebajado las condenas a seis y cinco años, respectivamente.

Los jueces han absuelto a la iruindarra de los cargos que pesaban contra ella como sospechosa de haber participado en un atraco cometido el 10 de octubre de 2007 en la empresa Labema de la localidad de Lorette, donde presuntos militantes de ETA se llevaron 2.116 litros de nitro-metano, un combustible utilizado como componente de explosivos.

El único elemento de prueba en su contra era que había ADN suyo en el tapón de un bidón de gasolina que se utilizó para intentar incendiar uno de los dos vehículos robados a Labema, y que apareció unos días más tarde.

Los magistrados han accedido a la demanda de la defensa para fusionar la condena de seis años con las otras tres que habían dictado anteriormente los tribunales franceses contra ella, de cuatro, seis y 14 años, lo que significa que tendrá que pasar un máximo de 14 años encarcelada.

La presidenta del tribunal, Jacqueline Audax, ha señalado a Iturbide que, con el tiempo que lleva en prisión, ya ha cumplido la pena dictada hoy, pero que permanecerá detenido mientras se tramita su entrega al Estado español, dado que la justicia francesa había dado su visto bueno a una euroorden solicitada por la Audiencia Nacional de Madrid para juzgarlo.

Comprometidos con el proceso y el desarme

Durante el juicio la Fiscalía ha reprochado a Lesaka e Iturbide que no habían contribuido al abandono de la lucha armada por parte de ETA ni a su desarme porque cuando fueron capturados el 28 de octubre de 2012 en un hotel de la ciudad de Mâcon con armas y material para fabricar explosivos hacía ya un año que la organización había oficializado el abandono definitivo de la acción armada.

Los dos ciudadanos vascos han asegurado esta mañana, antes de que los jueces se retiraran a deliberar, que cuando estaban en la clandestinidad antes de su arresto, en octubre de 2012, ya estaban «comprometidos en el proceso» e implicados en el desarme.

Ambos han insistido en que han seguido comprometidos con la decisión de ETA de cesar su actividad armada y que una vez queden en libertad van a seguir «por el mismo camino, haciendo lo que esté en nuestras manos».