El 24 de setiembre de 2017. ocho comuneros mapuche fueron detenidos acusados de quema de camiones de empresas forestales y los carabineros los relacionan con la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Entre ellos está su portavoz Héctor Llaitul. Sin embargo, el pasado viernes, 9 de febrero, el caso quedó sobreseído.

Los comuneros estaban acusados de un delito de «asociación ilícita terrorista», en virtud de una investigación que la Policía chilena llevó a cabo mediante la supuesta intervención de sus comunicaciones telefónicas, informáticas y radiofónicas. No obstante, se ha determinado la «adulteración por parte de funcionarios de Carabineros de Chile de los sistemas de comunicación intervenidos, implantando mensajes y conversaciones en los teléfonos». Hechos por los cuales la Fiscalía Local de Temuco ha abierto una investigación contra siete agentes y el ingeniero Álex Smith.

Las detenciones se produjeron en un momento en el que la presión del capital forestal y latifundista sobre Sebastián Piñera, que volverá a asumir el cargo para ejercer su segundo gobierno el 18 de marzo, va en aumento, y donde la derecha está reforzando el discurso de «mano dura al terrorismo». Asimismo, llama la atención que de las comunicaciones intervenidas se desprende que la CAM coordina sus acciones por teléfono, a través de WhatsApp, en español y sin ningún tipo de código interno. Una de las conversaciones, filtrada a la prensa, es la siguiente: «Felicitaciones hermanos, operación exitosa!», «siempre lucharemos hasta que liberen a nuestra gente» y «Próximo objetivo fuego camiones. Camiones Correa».

Los hechos

El 20 de setiembre de 2017, el fiscal regional de La Araucanía recibió un primer informe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE). El documento, firmado por el general Gonzalo Blu, indicaba los nombres de los responsables de una serie de ataques incendiarios, mensajes de WhatsApp que daban cuenta de una coordinación entre ellos, y apuntaban a tres ataques que se estarían programando en el Wallmapu. De esta forma, el 23 de setiembre se llevaron a cabo detenciones simultáneas en las ciudades de Temuco, Los Ángeles, Concepción, Talcahuano y Ercilla sobre la base de las diligencias que constaban en las investigaciones policiales. Los ocho comuneros quedaron en prisión preventiva.

En octubre, la Corte Suprema decidió por unanimidad acoger un recurso de amparo, inicialmente descartado por la Corte de Apelaciones de Temuco, y ordenó la liberación de los detenidos, planteando que «no se había logrado establecer suficientemente la participación de los imputados ni se justificaba la medida cautelar aplicada».

Tras hacerse cargo de la investigación en setiembre, la Fiscalía Regional de La Araucanía encargó diversas pericias a los teléfonos móviles incautados a los detenidos, descubriéndose incongruencias entre lo informado por Carabineros en sus informes previos y los resultados de los peritos, tales como la existencia de archivos en formatos distintos a los utilizados por aplicaciones de mensajería y que los archivos .txt encontrados en el móvil de Martín Curiche, uno de los detenidos, fueron ingresados en una fecha posterior a la incautación. También se estableció que los teléfonos móviles, que fueron incautados el día 23 de setiembre pasadas las 14:15, registraban las supuestas conversaciones a las 20:50 y las 22:35, cuando los dispositivos ya no estaban en manos de los imputados, sino de personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Temuco.

Ante ello, los siete detenidos han puesto una querella contra los siete agentes y Smith por «obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público y delito informático».

El Gobierno presenta un recurso

El fiscal Jorge Abbott confirmó el pasado viernes el cierre de la investigación por la Operación Huracán. Sin embargo, el Gobierno chileno ha presentado un recurso de queja contra el Juzgado de Garantía de Temuco por la decisión de sobreseer la causa. Asimismo, la abogada de los carabineros, María Navarrete, está pidiendo que la causa se traslade a Santiago.

El director general de Carabineros de Chile, Bruno Villalobos, creó a inicios de 2017 la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) para trabajar específicamente en el Wallmapu. La unidad quedó a cargo del general Gonzalo Blu, director nacional de inteligencia de la Policía chilena y uno de los investigados. En 10 meses han detenido a 190 personas.