Esta tarde ha tenido lugar en Errenteria una comparecencia en la que se ha informado de la petición fiscal en torno a los hechos acontencidos en Iruñea en marzo pasado. La acusación pública pide «pena de 7 años de prisión para los investigados, pena de inhabilitación absoluta por un tiempo de 13 años, pena de libertad vigilada por 5 años y 45.000 euros».

Los presentes, entre quienes se encontraban familiares y allegados de los jóvenes –los tres de esta localidad ya estuvieron ocho meses en la cárcel– han calificado de «absolutamente injusta» tanto esta solicitud fiscal como el proceso judicial al completo, y han criticado que los altercados se califiquen de «desórdenes públicos terroristas» cuando «los jóvenes procesados no pertenecen a ninguna organización terrorista y los incidentes ocurridos aquel día no debieran haber alcanzado esa calificación».

También han denunciado que «se han conculcado derechos básicos como son la presunción de inocencia y el derecho a la libertad», ya que la prisión provisional que sufrieron se basó «únicamente por los hechos descritos en el atestado policial» y «recientemente se ha producido el sobreseimiento de once investigados que declararon en la Audiencia Nacional el pasado 30 de octubre, derivado de la falta de entidad de las pruebas presentadas».

Los familiares han subrayado que «la Audiencia Nacional, bajo dictamen del Tribunal Supremo, sigue adquiriendo la figura de órgano jurídico excepcional, asumiendo esta competencia según la ideología de los investigados» y  ha reclamado que se dictamine la «libertad definitiva» de los cuatro jóvenes.