La Plataforma por los Derechos Sociales de Gasteiz tomará las calles de la ciudad el próximo 21 de marzo para reivindicar uno servicios sociales públicos de calidad. «En el centro de la intervención social tienen que estar las personas, con derecho a tomar decisiones sobre su vida de manera independiente y a que se cubran sus necesidades, y no el negocio privado de unos pocos mediante las residencias y centros de día privados», señala la plataforma en la nota remitida a los medios tras la comparecencia que han realizado esta mañana.

En la misma, explica que en Araba se atiende la diversidad funcional y las situaciones de dependencia «desde la oferta de modelos cerrados, que impiden la libre decisión de las personas destinatarias de los servicios sociales. Se apuesta por la institucionalización de manera descarada y en ningún caso se ofrecen alternativas factibles para garantizar el derecho a la vida independiente».

«Ejemplo claro es el desarrollo de la prestación económica de asistencia social. Desarrollo que no permite la contratación de profesionales que aseguren el derecho a la vida independiente, ya que con un máximo de 798 euros es imposible pagar el alta a la seguridad social y el trabajo de un asistente personal, y que este sea adaptado a las necesidades de la persona con diversidad funcional, lo que dirige directamente a este colectivo a la institucionalización, vía residencias o centros de día», añade.

Esta situación afecta a más de un millar de personas que reciben «prestaciones-cheque» para pagar servicios en residencias o centros de día privados, «suponiendo una descarada privatización del sistema público de servicios sociales. De este modo, en nuestra provincia, las residencias y centros de día privados crecen de manera exponencial, mientras la red pública sufre un abandono inadmisible, sin ningún tipo de previsión de creación de plazas públicas que aseguren una calidad asistencial adecuada y unas condiciones laborales dignas para las personas trabajadoras».

Para hacer frente a esta situación, la plataforma, integradas por la mayoría sindical y el tejido asociativo, reclama a la Diputación que tome las medidas necesarias para desarrollar un modelo de vida independiente «en el que la asistencia personal tenga el lugar que le corresponde, aumentando la cuantía de las prestaciones económicas de asistencia personal hasta una cantidad suficiente». Asimismo, exige que se prioricen los cuidados profesionales a los del entorno familiar, acabando con la invisibilización del trabajo de cuidados; y solicita la creación de servicios residenciales y no residenciales públicos.