El centro, que data de 2010, cuenta con 380 alumnos (G, A, G-PAI y A-PAI), el 74,47 % de origen inmigrante, el 16,84 % perteneciente a minorías étnicas y el 71,58 % de precaria extracción socio-económica, según los datos aportados con motivo de la visita.

La delegación ha sido recibida por Camino Mendía, directora, Laia Prat, jefa de Estudios, Conchi Ruiz, secretaria, y Ana Loitegui, inspectora, quienes han explicado su diagnóstico en torno al estado del centro y las características de un alumnado «diverso» y afectado por una situación socio-económico «muy precaria».

En su repaso a las particularidades del colegio, la jefa de estudios ha contrapuesto la función «inclusiva» que, en aras a la «igualdad de oportunidades», acompaña a la escuela pública, con la realidad de una experiencia escolar «mediatizada por la extracción social de los menores y la escasez de recursos educativos».

Todo ello se traduce en unos resultados académicos que, en su caso, están «muy por debajo de la media de Navarra. Lo emocional les impide avanzar en lo académico», ha indicado.

Así, tras dar cuenta del proyecto educativo y dejar patente que el «desfase curricular» que acompaña al alumnado obedece a las «desiguales condiciones de partida», Laia Prat se ha referido a la incidencia que tanto la matrícula viva como la interinidad del profesorado tienen en la organización del colegio.

Al respecto ha aludido a las «44 matrículas sobrevenidas, las dos últimas esta semana», para constatar que, «pese a tratarse de estudiantes con necesidades educativas especiales», el departamento no ha respondido con una dotación adicional de personal docente.

A eso ha añadido que les han enviado «cuatro o cinco alumnos que han salido de sus centros por motivos de conducta», como si en este centro no tuvieran problemas, ha apuntado, tras lo que ha remarcado que «hay mucha conflictividad, porque es un alumnado roto y no sabe gestionar sus emociones».

Camino Mendia, por su parte, ha solicitado la adopción de medidas similares a las que rigen en el Pirineo (se asegura tres años en plazas de difícil provisión) para «reducir la temporalidad» en colegios como éste, donde «la insuficiencia de herramientas de trabajo hace que tanto los interinos como los definitivos busquen otros destinos». Para ellos, ha dicho, «el problema no está en el tipo de alumnado, sino en la falta de recursos».

Entre los parlamentarios, Esther Korres, EH Bildu, ha apuntado que Educación debe dar una respuesta acorde a sus necesidades y ha sostenido que no puede ser que la matrícula sobrevenida sea un factor de desestabilización y que la continuidad del profesorado también es importante.

Iñaki Iriarte, UPN, ha mostrado preocupación por que se puedan formar «escuelas gheto» y ha agregado que la interinidad y la matricula fuera de plazo son trabas añadidas y que el mediador sociocultural encaja muy bien ahí.

Por Geroa Bai, Isabel Aranburu, quien ha opinado que hay que darle continuidad al mediador socio-cultural, ha dicho que recogían las peticiones y que tratarán de que, en la media de lo posible, sean atendidas.

Fanny Carrillo, Podemos-Ahal Dugu, ha mostrado su sorpresa por la «concentración de alumnado inmigrante», algo que no ve «muy normal» y ha compartido «el riesgo de ghetización».

Por el PSN, María Chivite ha cuestionado el «desequilibrado reparto de alumnos entre centros públicos y privados, la carencia de recursos y el elevado porcentaje de repetidores».

Marisa de Simón, I-E, ha considerado «imprescindibles medidas de compensación educativa» que servirían para solventar las cuestiones de aprendizaje, no así las de inclusión. «Para eso habría que actuar sobre la normativa de escolarización, de modo que se favoreciera otra distribución del alumnado», ha apuntado.