El forense Paco Etxeberria y la investigadora Laura Pego presentaron este lunes ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz un informe sobre «torturas y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014», un trabajo llevado a cabo por el Instituto Vasco de Criminología por encargo del Gobierno de Lakua. En el estudio se documentan más de 4.000 denuncias.

Tras la presentación, la parlamentaria del PP Juana Bengoechea señaló al respecto que este informe «no está sesgado» y que «nadie duda» de «su veracidad, su honradez y de su excelencia».

No ha tardado Amaya Fernández en salir a la palestra para leerle la cartilla a Bengoechea, al criticar que un Ejecutivo «no puede encargar un informe para tachar» a su policía, en referencia a la Ertzaintza, de «presunta torturadora», porque en un Estado de Derecho «son los jueces los que fijan los casos de posibles torturas y son los que dictan las sentencias firmes».

«No se pueden encargar un informe ‘ad hoc’ para desacreditar a nuestra Policía autonómica», ha añadido, en alusión a los casi 400 casos de malos tratos que el estudio atribuye a la Ertzaintza.

«Desafección hacia la Ertzaintza»

Por ello, ha exigido la retirada de ese estudio «porque genera una enorme desafección hacia la Ertzaintza». Amaya Fernández ha remarcado que el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado «tienen un gobierno que les defiende», pero que la Ertzaintza «necesita también» que se le defienda y, «en ausencia de un gobierno vasco que proteja su credibilidad», el PP «tiene que ocupar ese hueco».

Ha indicado que Bengoechea apuntó durante su comparecencia que el «problema de fondo que subyace detrás de ese informe es esa construcción del relato en base a un mar de violencias y a una mezcla de violencias, cuando la verdad de lo que ha ocurrido en Euskadi es que aquí había una banda terrorista que se dedicaba a ir impulsar una limpieza ideológica».

El PP, ha puntualizado, «no desmiente los casos de tortura, pero reconoce aquellos que han sido fijados por sentencia firme que tendrán el reproche penal que corresponda. Son los únicos que puede reconocer un partido, a no ser que quiera destruir la división de poderes de un país».