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Bilbo

Colectivos defienden ante Urkullu y Artolazabal que «el problema de la RGI no es el fraude»

Colectivos y organizaciones sociales han entregado en Bilbo un manifiesto firmado por 145 entidades y dirigido al lehendakari Iñigo Urkullu, a la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal y a los partidos con representación en el Parlamento de Gasteiz, en el que demandan que la reforma de la RGI sirva para acabar realmente con la pobreza y la exclusión social.

Concentración en Bilbo de la plataforma Murrizketarik Ez. (Monika DEL VALLE / FOKU)
Concentración en Bilbo de la plataforma Murrizketarik Ez. (Monika DEL VALLE / FOKU)

El manifiesto, del que ya se dio cuenta el lunes en Donostia, ha sido presentado hoy por el presidente en la CAV de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza (EAPN), Manuel Moreno. En el texto se expresa la preocupación de estos colectivos por el cariz que está tomando el proceso de reforma de dicha Ley de la RGI, centrada, a su juicio, en combatir el fraude en dichas ayudas.

Los firmantes consideran que esta reforma de la Ley debe ser una «oportunidad» para alcanzar «los dos retos vitales que tiene la sociedad vasca en esta materia: acabar con la pobreza real y con la exclusión social».

Han señalado que «a pesar de que en Euskadi tenemos un sistema de protección social fuerte, existen 63.000 personas que, pese a percibirla, no consiguen salir de ella».

Tras criticar que el desarrollo del debate político de la reforma de la Ley de la RGI «se ha centrado mucho en el apartado económico de la ayuda», han indicado que «nosotros entendemos que hay que desarrollar plataformas y herramientas que favorezcan la inclusión social de las personas en riesgo de pobreza».

Moreno también ha expresado la «preocupación» de los colectivos, sindicatos y organizaciones que trabajan con las personas en riesgo de exclusión social por las críticas que han hecho al actual sistema de la RGI «algunas fuerzas» políticas que «deslegitiman el sistema y, de alguna manera, culpabilizan a los perceptores de la RGI».

Moreno ha recordado, en este sentido, que el fraude en el cobro de estas ayudas «es menor al 1%» y ha opinado que «estamos centrando mucho la reforma de la Ley en el fraude cuando lo que se debe hacer es defender el sistema, que tenga mayor alcance y que afronte los dos grandes retos citados».

«Se ha creado un imaginario social de crítica y culpabilización a las personas perceptoras que es irreal», ya que «las estadísticas demuestran que sólo es de entre el 0,7 y el 0,9 %. Apelamos a la responsabilidad de las organizaciones políticas, del Gobierno y del Parlamento Vasco, para que lancen mensajes en clave de inclusión y de solidaridad porque el fraude no es el problema real de la RGI».