Arnau Baulenas, letrado y coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), ente que solicitó la reapertura del caso de la matanza de la Universidad Centroamericana (UCA), ha explicado que el juzgador ha mandado a la Fiscalía a presentar la acusación para programar la primer audiencia.

«El juez ordena a la Fiscalía que presente un nuevo requerimiento y una vez presentado, se procederá a la audiencia inicial, ahí iniciará el proceso», ha explicado Baulenas, quien ha señalado que la acusación debe atender una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en la que anuló una ley de amnistía de 1993.

Ha detallado que el juzgador ha declarado la «nulidad absoluta» de una resolución del año 2000 en la que se dictaba el sobreseimiento del proceso en favor de seis militares y el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994).

El Idhuca solicitó en noviembre de 2017 la reapertura de la causa penal contra los «autores intelectuales» de la masacre de seis sacerdotes, de los que dos eran vascos, y dos colaboradas que murieron en el mismo hecho.

Ha apuntado que la decisión judicial «se dilató un poco porque se presentaron un par de excepciones por parte de la defensa» para tratar de evitar la reapertura y en las que argumentaban que había «cosa juzgada» y «falta de acción».

«El juez hoy en la resolución ha declarado que no hay cosa juzgada y que la excepción por falta de acción tampoco es procedente», ha destacado el letrado, quien en noviembre de 2017 aseguró que esta masacre es un «crimen de lesa humanidad».

Los militares acusados por el crimen son los generales en retiro Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, el difunto René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, quien enfrenta un juicio en el Estado español por estos hechos.

Todos son parte de la generación de graduados de la Escuela Militar de 1966, conocida popularmente como «La Tandona», que dirigieron a la Fuerza Armada durante buena parte de la guerra e implementaron la estrategia contrainsurgente de «tierra arrasada».

El exrector de la UCA y actual director de la Idhuca, José María Tojeira, sostuvo en noviembre de 2017 que esta petición de reapertura no incluye a los «autores materiales» sometidos a una «farsa de juicio» en 1992 y en el que fueron condenados a 30 años de prisión dos uniformados.

El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército acabó con las vidas de Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación, al también jesuita vasco Juan Ramón Moreno, a otros cuatro religiosos, a la cocinera y a su hija de 16 años.

Por esta masacre solo guarda prisión el coronel Guillermo Alfredo Benavides, uno de los dos condenados a purgar 30 años de cárcel en un juicio en 1992, pena que los religiosos han pedido sea conmutada.