En una conferencia de prensa, los representantes de la plataforma Arantxa García y Ángel Luis Fortún han leído un comunicado que pide al Ejecutivo navarro que intervenga con políticas públicas «para poner freno a tanta especulación de la banca y los fondos buitre».

En ese sentido, la PAH denuncia que se vive una situación «de bloqueo, a nivel estatal y autonómico, porque no hay vivienda pública de alquiler social» y existe «inacción pública de los cargos políticos frente a las entidades bancarias».

Recuerda al respecto que los bancos tienen «órdenes europeas de vender el parque inmobiliario» antes de 2019, por lo que instan a estas entidades a que «devuelvan las viviendas» al Gobierno de Nafarroa.

Igualmente califican como «inaccesibles» las condiciones que las inmobiliarias y propietarios imponen para el acceso a un contrato de alquiler, sobre todo en el caso de «las familias más vulnerables, los jóvenes, personas mayores solas en situación de precariedad o familias monoparentales».

Por todo ello, reclaman que «acabe» la política de desahucios de familias, se «sancione y penalice» la vivienda vacía, y se impulse una campaña de sensibilización en Nafarroa contra la discriminación por «pobreza y racismo».

La plataforma también solicita al Gobierno de Nafarroa que se "«nvolucre para exigir la reforma de la ley de arrendamientos urbanos, con contratos más estables y precios de alquiler acotados».

De la misma forma, reivindica una negociación con las inmobiliarias para la creación de un código de buenas prácticas y la elaboración de una ley contra los fondos buitre en el Estado.
En la actualidad, en la plataforma hay diez familias desahuciadas «sin solución de vivienda», otras diez en situación de «infravivienda» y 65 viviendo en una habitación de diez metros cuadrados.