Las dos acciones judiciales en Bélgica y en el Estado español son una consecuencia de que el juez Llarena no está respetando «su derecho a la presunción de inocencia» porque «no es imparcial», ha explicado Toni Comín en una rueda de prensa en Bruselas, acompañado de Lluís Puig y Meritxell Serret, sus equipos legales, así como Clara Ponsatí desde Escocia y Carles Puigdemont desde Alemania, ambos por videoconferencia.

«No somos perseguidos por la Justicia, sino por la ideología del juez», ha añadido Puigdemont.

Precisamente uno de los letrados de los políticos exiliados, Christophe Marchand, ha informado de que el juez ya ha sido citado a declarar el 4 de setiembre por un tribunal belga, según han recogido diversos medios catalanes.

Marchand ha detallado que, al haberse presentado la demanda por la vía civil, no se reclamarán penas de cárcel para el juez, sino que pague una «multa simbólica» de un euro «para reparar el daño causado».

Comín ha detallado que la recusación ante el Tribunal Supremo «es consecuencia» de la primera demanda civil en Bélgica, pues según la Ley Orgánica del Poder Judicial, un juez no puede seguir en una causa si ha sido demandado por una de las partes.