Es la segunda vez que se aplaza el posicionamiento sobre este capítulo, que estaba previsto para la pasada semana y que se prorrogó porque los grupos necesitaban más tiempo para analizarlo.

En este apartado, cuya redacción se encargó al PNV, se reclama para el nuevo estatus las competencias relativas a la Seguridad Social y a la política penitenciaria, y la ejecución de las exclusivas del Estado.

La ponencia volverá a reunirse el próximo miércoles para pronunciarse también sobre el apartado relativo a los poderes del nuevo sujeto jurídico político que surgiría de la actualización del autogobierno vasco.

Hacienda y Patrimonio

Además, el PNV llevará un documento de síntesis sobre el capítulo de Hacienda y Patrimonio. Quedarían pendientes para posteriores encuentros las disposiciones adicionales y los apartados referidos a derechos y deberes y a la política exterior.

Es previsible que este órgano no pueda acabar en junio su propuesta de nuevo Estatuto, que luego remitirá a un grupo de expertos para la redacción de un texto articulado. Por ello no se descarta que se prolonguen los trabajos en julio, mes que es inhábil para plenos y comisiones, pero no para ponencias.

PNV y EH Bildu, que tienen mayoría en la Cámara, han sido los dos partidos que han apoyado los capítulos en los que se ha avanzado, el Preámbulo y el Título Preliminar.

En este sentido, el portavoz del PP, Borja Sémper, único integrante de la comisión que ha hecho declaraciones, ha denunciado que se está planteado «una reforma constitucional a través de una Constitución vasca», lo que supone situarse «al margen del marco jurídico y de la democracia».

Propuesta sobre poderes

De cara a la reunión del próximo miércoles, EH Bildu se ha encargado de elaborar la propuesta sobre poderes, en la que se recoge que el nuevo sujeto político se dotará de los tres clásicos: ejecutivo, legislativo y judicial. Además, añade «el poder social-ciudadano», que permitiría vehiculizar las propuestas de la sociedad y evaluar las políticas públicas.

Defiende un poder judicial vasco cuyo máximo órgano sería el Tribunal Superior de Justicia Vasco y la creación del Consejo General del Poder Judicial Vasco como ente de gobierno judicial.

Aboga por que sea el Parlamento de Gasteiz el encargado de actualizar por ley el reparto competencial entre las instituciones comunes y los herrialdes y defiende que se reconozca la autonomía financiera y tributaria de estos últimos.

La articulación institucional de los territorios responderá a un modelo confederal y será el resultado de «la libre voluntad de la ciudadanía en cada ámbito territorial». Además, a partir de esa misma voluntad se podrían «acordar marcos jurídico-políticos de corte federal con proyección en toda Euskal Herria».